EMPRESARIOS Y SINDICATOS
Compromiso de regeneración
Desde diferentes ámbitos económicos se considera agotado el modelo democrático actual
Se exigen nuevas maneras de hacer las cosas
Compromiso de regeneración. Como conclusión no es difícil de alcanzar cuando se plantea qué hay que hacer para acabar con corrupción. Pero a juzgar por quienes dirigen las empresas y las instituciones que las agrupan la cuestión sustancial es que se necesita la voluntad de llevarla a cabo más allá de su exposición teórica. Quedarse de brazos cruzados ante la actual situación conlleva riesgos de consecuencias imprevisibles. Para el presidente del Cercle d'Economia, Josep Piqué, existe el riesgo de desembocar en un cambio del sistema de partidos y «perspectivas de gobernabilidad inciertas». En todo caso daña «gravemente» el prestigio de las instituciones españolas y la propia estabilidad de un sistema de partidos que lleva ya vigente casi cuatro décadas.
El daño está hecho y no hay indicios de que en el entorno político se quiera asumir el mensaje lanzado ayer por el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en el sentido de que debería aprovecharse la situación para impulsar una «regeneración democrática». En su opinión, «el modelo muestra síntomas de agotamiento en el plano territorial y en el social». Y el deterioro continuo de la situación política debido a los casos de corrupción está eclipsando el principal problema de los ciudadanos que es el desempleo. Por ello, «se necesita un proceso de regeneración democrática para afrontar con éxito la lucha contra el paro».
Existe una gran coincidencia en diversos sectores empresariales sobre que el agotamiento de modelo exige cambios radicales, pese al inmovilismo de algunos sectores sociales. «Estamos en un momento de volver a comenzar en muchos aspectos y hay que aprovechar para poner las bases de una nueva manera de operar que no deje grietas por las que se puedan reproducir no solo comportamientos ilícitos, sino también poco éticos», afirma Lluís Comerón, decano del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya
PROBLEMA SOCIAL / Se trata de un problema político, pero también económico y social que, por consiguiente, requiere de soluciones transversales. «Hay que establecer un nuevo escenario de más calidad democrática, que incluya nuevos mecanismos de funcionamiento político y participación ciudadana. Hay que conseguir un aumento de la exigencia ética colectiva que debería consolidarse desde la enseñanza en las escuelas», defiende Comerón.
En el terreno de las prácticas concretes, la responsabilidad fiscal se apunta como una paso hacia esa consolidación. «Hay que orientar los esfuerzos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y al descubrimiento de los incumplimientos. Es esencial luchar contra las ocultaciones y el fraude. Una cultura de la tributación amplia y aceptada comporta una menor presión fiscal para todos». Ese es el mensaje de Salvador Alemany, presidente del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (Carec).
Además, el presidente de la patronal de empresas de ingeniería catalanas (Asinca), Josep Túnica, apuesta por procedimientos públicos transparentes: «Simplificar los concursos y adjudicaciones, centrando la valoración en los aspectos clave para cada licitación». Pese a que hay muchos mecanismos de control, es en el sector de la construcción en el que, con frecuencia se concentran los casos de corrupción económica más destacados, admite. Es evidente, afirma, que los actuales controles no son suficientes.
AUSENCIA DE PROVOCACIÓN / En opinión de Túnica, las medidas de protección son importantes, pero «lo que realmente evita el hecho delictivo es la ausencia de provocación y eso requiere una cultura y actitud social totalmente en contra de cualquier hecho dudoso». Considera esencial comenzar por una supervisión interna de las organizaciones y empresas para erradicar cualquier comportamiento de riesgo.
Aunque el sector empresarial acepta que debe asumir comportamientos éticos, pone en el terreno de la política los cambios de calado que conviene realizar. «Deberíamos tender hacia un sistema como el EEUU en el que las donaciones a los partidos políticos fueran públicas y se restringieran las cantidades», defiende Joan Rosell, presidente de la CEOE.
En este mismo sentido, el presidente del Instituto de Estudios Financieros, Josep Soler, defiende «la despolitización y profesionalización de los órganos de control, así como la limitación de mandatos de la clase política», plantea Soler.
Para el secretario general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Álvarez, es necesario a medio plazo abrir las listas electorales y «un nuevo sistema para que los políticos rindan cuentan frente a los ciudadanos gracias a los nuevos elementos tecnológicos y a referéndums».
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