«Abortar es decisión mía»

Lo primero es la noticia. «En el primer test de embarazo no se veía bien si la segunda línea era muy clara o más oscura. 'Madre mía', me dije, 'no me lo puedo creer'. Nervios, no duermes... La segunda prueba salió que sí, y ese primer momento es de '¡Guau! Estoy embarazada'. Y fue un momento de alegría, pero muy rápido piensas: 'No,  ahora no, qué mal momento. ¿Y ahora qué hago?»

Carla Ojeda (23 años, estudiante de Márketing y Relaciones Públicas, vecina de Sabadell) pudo dudar. Pudo preguntarse ese «¿y ahora qué hago?» cuando el segundo test confirmó que estaba embarazada. Pudo, en definitiva, elegir, decidir qué hacer con ese embarazo, que es lo que permite la ley de plazos del aborto aún vigente en España.  Y eso, elegir, decidir, es, de entrada, de lo que priva a las mujeres el anteproyecto de reforma de la ley del aborto aprobado por el Consejo de Ministros y que se encuentra en un (lento, las elecciones europeas están cerca) trámite parlamentario. De entrar en vigor tal y como está, la 'ley Gallardón' desposeerá a las mujeres de esta posibilidad de elegir. Por eso, defender el derecho al aborto es una de las reivindicaciones claves del día de la mujer de este año. «Claro que quiero tener un hijo con mi pareja -cuenta Carla-. Pero no que sea un gol. Quiero un hijo que sea concebido con amor porque mi pareja y yo hayamos decidido crear una familia».

Porque Carla, ante el «¿y ahora qué?», dividida entre «el corazón y la cabeza», entre su deseo y sus planes de ser madre «relativamente joven» y la realidad de una carrera por acabar y una vida profesional aún por construir, optó por abortar. «Claro que es una decisión difícil. Cuesta, mucha gente no entiende que no se toma a la ligera. Ha sido la decisión más difícil de mi vida», confiesa.

«Fue muy duro. Psicológica y físicamente». I., de 35 años, tiene nombre y apellidos, pareja y domicilio en el Maresme. También tiene un levísimo acento inglés, un ligero temblor de voz cuando explica su historia y miedo a lo que ella llama «el tabú social alrededor del aborto». Por eso, prefiere no ser identificada en este reportaje. Lo primero para I. también fue una noticia: un embarazo deseado, una alegría, los planes, comunicar la buena nueva a las familias, los besos, los abrazos, la barriga incipiente, los catálogos de cunas y cochecitos. «Por suerte no habíamos comprado nada, pero la ilusión ya estaba allí, habíamos planeado una vida nueva, era el primer nieto para ambas familias... Fue muy duro».

Trisoma 21

Después de la buena noticia, vino la mala: trisoma 21, es decir, un  diagnóstico prenatal que daba el 99% de posibilidades de que el niño naciera con síndrome de Down. Hubo más pruebas, con idéntico resultado. Y con toda la información que le proporcionaron los médicos sobre la mesa, llegó el momento de elegir. «Yo no podía tener un hijo con síndrome de Down, lo tuve claro desde el principio. Me hipotecaba la vida, qué sucedería en el futuro cuando yo no estuviera, cómo se quedaría, en manos de quién. Respeto de quien en mi misma situación decida lo contrario, pero también pido respeto a mi decisión y que nadie, y mucho menos un político, se arrogue el derecho a decidir por mí. La decisión es mía».

En España, el 98% de los embarazos en que el feto tiene una trisomía 21 se interrumpen, como en el caso de I. Según advierten los médicos, una de las consecuencias de la entrada en vigor de la (contra) reforma del PP será un aumento del nacimiento de niños con síndrome de Down, ya que el texto -a falta de ver si finalmente el Gobierno lo suaviza en contra del criterio de su padre, Alberto Ruiz-Gallardón- deja fuera de los supuestos despenalizados la malformación fetal. De hecho, la norma solo prevé dos posibilidades legales de abortar: un grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer y que el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad o la seguridad de la mujer. Un supuesto menos que los tres de la ley de 1985, la primera de la democracia y antecesora de la actual de plazos, con la que manipuladoramente compara su reforma Mariano Rajoy.

«Entonces se hacía mucho, abortar, pero se hacía en silencio. Ahora creo que mayoritariamente todo el mundo piensa que tiene que existir el derecho al aborto». María José Núñez, conocida como Jo (62 años, funcionaria del CatSalut, vecina de Sant Cugat), estaba en la treintena y era madre separada de un niño de 9 años, Adrià, cuando se quedó embarazada en 1987. No tenía trabajo, y no convivía con su nueva pareja. «En el servicio de planificación familiar de Sant Cugat me dieron la dirección de una clínica. En el cuestionario puse que no pensaba tener más hijos porque no tenía seguridad económica ni sentimental. Me dieron cita en una semana. Mi objetivo era sacar adelante a Adrià», narra Jo. Durante los 25 años que estuvo en vigor la ley de 1985, el 97% de los abortos se practicaron bajo el supuesto de que el embarazo afectaba a la salud de la madre. La 'ley Gallardón' exige que dos psiquiatras certifiquen que la gestante sufriría un daño grave y permanente de seguir con el embarazo. La ley en vigor es de plazos.

Al extranjero

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«Estaba de reposo en casa, vi a Gallardón y me encendí. Tuve que apagar la tele», dice I. Ella abortó en febrero de este año; Carla, en diciembre del pasado. Ninguna de las dos, ni Jo, podrían hacerlo en la España de la 'ley Gallardón'. «Si no hubiera podido abortar, me hubiera largado al extranjero, no sé con qué dinero, pero lo hubiera hecho», dice Jo. «Yo quiero tener otro hijo, pero tengo miedo. Si me sucede lo mismo otra vez, ¿qué tengo que hacer? ¿Irme?», se pregunta I. Y se contesta a sí misma que sí. Y la misma respuesta da Carla. Como tantas otras mujeres españolas antes de 1985, que tuvieron que abortar en el extranjero «Quien no tenga dinero no sé cómo se lo montará. Volverán a suceder barbaridades en garitos clandestinos », opina Jo.

Aún no recuperada físicamente, I. recuerda: «Hubo quien, al saberlo, me dijo que era un ser vivo, se atrevió a cuestionarme. Le respondí que no era nadie para hacer eso. Es mi vida, es mi cuerpo, es mi decisión».