La sanidad, para quien se la pague

Determinar cuándo empezó todo no es tarea fácil. Tal vez fuera en 1999, cuando la Comunidad Valenciana, en manos del popularEduardo Zaplana, cedió terreno público para que dos cajas de ahorros, dos constructoras y una aseguradora edificaran el hospital de Alzira, al que la Generalitat subcontrató la prestación de una diezmada sanidad pública.

El hospital de Alzira estaba llamado a rendir pingües beneficios a sus promotores, pero entró en quiebra yZaplanaacudió a su rescate, claro está, con el dinero de los contribuyentes valencianos. Lejos de enmendar tan craso error, el PP acabó exportando este modelo de privatización sanitaria a los centros de Torrevieja, Dènia, Manises, Valdemoro...

Simultáneamente a estos manejos, en el 2005 estalló el llamado caso Leganés. Basándose en denuncias anónimas, el Gobierno madrileño, bajo la égida de la también popularEsperanza Aguirre, acusó al jefe de urgencias del hospital de Leganés, el doctorLuis Montes, de suministrar dosis excesivas de sedantes a los pacientes terminales. Bautizado comoDoctor Muerte,Montes fue destituido y acusado de una eutanasia masiva. La justicia lo exoneró, pero no fue restituido en el cargo. El sector médico denunció entonces que la maniobra del PP no perseguía limitar los cuidados paliativos, sino desprestigiar la sanidad pública.

Las operaciones de Alzira y Leganés han cristalizado en Madrid con la anunciada privatización de seis hospitales públicos y 27 ambulatorios, que ha levantado en armas al sector sanitario. Bajo el pretexto de la reducción del déficit, el ultraliberal Gobierno madrileño convierte un servicio público fundamental en lucrativo negocio con una convicción inconfesable: la sanidad, para quien pueda pagársela.

El silencio de Rajoy

Mariano Rajoyguardó el viernes silencio al ser preguntado por esta iniciativa madrileña. Quien calla, otorga. Ni la Carta Magna, en la que el PP se atrinchera, ni la igualdad entre los españoles, tan útil para torpedear la inmersión lingüística, tienen valor alguno cuando el bien a proteger es el derecho universal de los ciudadanos a tener una sanidad pública y de calidad.