Las ayudas en la secante

En las lecciones de geometría clásica, para describir la relación entre circunferencias dibujadas sobre un plano (la pizarra) se decía que debían contemplarse sus posiciones relativas. Si dos círculos no se tocaban, eran exteriores; si uno estaba dentro de otro, interiores, y si se tocaban, secantes. En la relación entre administraciones, cuando se habla de competencias, sobre todo si escasea el dinero, el principal punto conflictivo es fijar hasta dónde llega cada una. En ese contexto, el término secante, según si se atiende o no la petición de ayuda, se explica por sí solo.

Si aplicamos esa teoría al desarrollo de la ley de dependencia del 2006, hallamos otro punto de fricción, con mucho de secante en lo que corresponde a la Administración central y la autonómica y a los municipios. En la campaña electoral aparece envuelto en dos colores: el de la reivindicación de las familias y el del temor de las administraciones locales a no poder hacer frente a los compromisos que se contraen con quien tiene el derecho a la asistencia. En pocos servicios como en este se han encontrado los ayuntamientos con deberes que deben asumir, por su proximidad a los ciudadanos, sin la garantía de que los podrán cumplir. En el proceso que va de la solicitud de información (la mayoría de las veces, en oficinas municipales) al seguimiento de los beneficiarios, pasando por la valoración contrastada y la adjudicación de la ayuda, se requieren siete pasos, de los que cinco corresponden a las administraciones locales.

Cifras menguantes

Dos datos corroboran la importancia que ha adquirido la dependencia, el nuevo pilar del Estado del bienestar. Uno, las casi 37 millones de veces que se ha consultado el portal SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia). Otro, sus cifras actualizadas a 1 de mayo. Para Catalunya: 324.662 solicitudes, 304.192 dictámenes, 236.252 beneficiarios con derechos y 177.218 prestaciones. Si se hiciera una representación gráfica, de los peticionarios a los asistidos no pararía de menguar el tamaño de las circunferencias.

En el manual de los concejales presentes y futuros ante las constantes reclamaciones podría figurar esta respuesta: «La ley de dependencia nació con una estimación de costes para su aplicación muy por debajo de la realidad que ha generado la demanda». Lo dice Montserrat Cervera, de Antares Consulting, experta en temas de dependencia. Se estima (la opacidad del sistema impide tener datos ciertos) que en el 2010 las aportaciones a la dependencia fueron de más de 5,5 millones de euros. Más que la cantidad, importa la velocidad de incremento de la partida, a razón de 1,6 millones al año. ¿Quién paga? Esa es la cuestión, porque estamos ante un derecho universal pero de prestación y aportación adaptadas a cada circunstancia. De cada 100 euros, 86 proceden de las administraciones y 14 de los usuarios.

No hace falta recurrir a las encuestas para percibir dos tipos de opiniones respecto a la dependencia. Ha cuajado enseguida y sin vuelta atrás que es un derecho, y más en un país con una pirámide de edad cada vez más invertida: mayor esperanza de vida y menos nacimientos desde hace años. Más abuelos y menos nietos, también para el manual del concejal que atienda a los electores que soliciten más servicios para sus familiares impedidos.

En este punto concreto, Cervera, como la mayoría de sus colegas, recuerda que hay otra superposición distinta a la de las administraciones y que hace referencia a dos sistemas que confluyen en gran número de casos: el sistema de salud y el de servicios sociales. Más secantes.

Gestiones duplicadas

Aunque la dependencia no es sinónimo de enfermedad, ni siquiera de edad biológica (hay enfermos crónicos no dependientes, como los diabéticos, y dependientes que no son enfermos, como muchos discapacitados físicos), la gran mayoría de las personas mayores con dependencia son también enfermas. Pluripatología y dependencia van juntas en edades avanzadas. En cambio, el sistema de atención a la dependencia no contempla la dimensión sociosanitaria, lo que genera duplicidades.

Quién paga qué es la primera gran cuestión no resuelta desde que apareció este llamado cuarto pilar del Estado del bienestar. La segunda es quién gestiona qué. Se han constituido equipos públicos para llevar a cabo la valoración que duplican a otros ya existentes, obviando además que los equipos privados tienen una ratio de visitas de una eficiencia que dobla la de los equipos públicos.

Y la tercera es qué servicios se prestan y quién los presta. Uno de los más demandados es el de ayuda a domicilio, en manos de los ayuntamientos, que deben hacer frente a un presupuesto creciente para la prestación y la gestión de un nuevo cometido destinado a satisfacer necesidades y expectativas de algunos vecinos (y electores) que son los más necesitados del Estado del bienestar, las personas dependientes.