Los testimonios

«No me trato del párkinson desde el euro por receta»

COPAGO SANITARIO. La puesta en marcha del euro por receta, el 'medicamentazo' y el nuevo copago farmacéutico en solo cuatro meses ha ahogado las economías de muchos ciudadanos. Entre los más perjudicados por esos impuestos a la enfermedad están los pensionistas y los enfermos crónicos, que han tenido que aumentar sus aportaciones al sistema público de salud.

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FERRAN COSCULLUELA
GIRONA

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La penalización por el copago sanitario es doble en el caso de la gente mayor, porque las dolencias de larga duración acostumbran a ser sus inevitables compañeras de viaje (los enfermos crónicos mayores de 65 años suponen más del 80% del gasto farmacéutico, según la Conselleria de Salut). Una situación límite para los pensionistas, que ha llevado a alguno de ellos a dar un sonoro puñetazo en la mesa. Como Carme Cuchilleros, que ha dejado de tomar la medicación contra el párkinson.

«Lo decidí cuando entró en vigor el euro por receta. Hacía cuatro años que me medicaba y cada día tenía que tomar ocho fármacos. Soy consciente de que esto puede dañar mi salud, pero hasta que no me den la medicación gratis no pienso tomármela. Tengo 65 años, he trabajado desde que era una niña y he cotizado toda la vida, y ahora no puedo pagar mis medicinas», explica Carmen, que es uno de los casos que aparecen en el documental La Salut, el negoci de la vida,de la red SicomTv, que se estrena el próximo día 21.

El euro por receta es una tasa de la Generalitat que entró en vigor el 23 de junio. Están exentos de pagarla quienes reciben una pensión no contributiva, los parados que han agotado el subsidio, los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y algunos minusválidos. La tasa tiene un tope anual de 61 euros, y desde su puesta en marcha hasta el pasado 30 de octubre ha recaudado 33,6 millones, aunque la previsión es ingresar 85 millones al año. La Conselleria de Salut estima que cada mes unos 5.500 catalanes se declaran insumisos a ese tributo, lo que representa el 0,07% del total de recetas dispensadas.

Miedo al futuro

Carme, que vive en el barrio barcelonés del Guinardó, afirma que va«ahogada»por los recortes. Está separada y percibe una pensión que ha de compartir con sus dos hijos y sus dos nietos a causa de la crisis y el paro. La han operado tres veces de cáncer y le falta medio pulmón desde hace tres años.«Mi familia está a mi lado, pero les da miedo lo que pueda pasar. Yo, de momento, no he notado ningún retroceso»,afirma.

Además del euro por receta, Carme también tiene que pagar el nuevo copago farmacéutico del Ministerio de Sanidad, que entró en vigor en julio. Esta tasa se cifra, para los pensionistas, en un 10% del coste del producto con un máximo mensual de 8 euros si su renta anual es inferior a los 18.000 y un tope de 18 euros al mes si oscila entre esa cantidad y los 100.000. En septiembre también entró en vigor elmedicamentazo, por el que el ministerio excluyó más de 400 fármacos de uso común de la lista de productos subvencionados por el sistema de salud público. El descenso del gasto farmacéutico ha superado el 20% mensual entre julio y septiembre, lo que ha supuesto un ahorro de 636 millones de euros, según Sanidad.

Carlos Busquets, de 62 años, sufrió un infarto en el 2005. También padece esclerosis y diabetes, por lo que toma 30 medicamentos al mes. Su caso se vio agravado por la modificación de la ley de dependencia, que redujo la pequeña prestación que recibía su mujer (dejó su empleo para cuidarle), y que además ahora le obliga a pagar la Seguridad Social.«Todos estos cambios nos suponen un gasto extra de unos 700 euros al mes. Y no soy el único, hay casos de miseria y de gente pobre a los que todo esto les está haciendo mucho daño. Por eso decidí hacer una huelga de hambre en septiembre»,explica.

La protesta duró apenas tres días, los suficientes para poner en riesgo su frágil salud.«Vino a verme mucha gente e incluso fui a la Delegació del Govern. Ha habido mucha incompetencia a la hora de manejar el dinero de los ciudadanos y no hay derecho que ahora la gente tenga que pagar por ello»,lamenta Carlos, que reside en L'Ametlla de Mar (Baix Ebre) y se desplaza en silla de ruedas.

Julio Alesanco, de 84 años, es otro indignado por los recortes. En octubre anunció que había decidido iniciar una«huelga de medicamentos»para protestar por las nuevas tasas. Enfermo del corazón, tiene que tomar nueve fármacos diarios y su esposa necesita otros tantos. Viven en Girona con una pensión que no llega a 550 euros al mes.«Estoy algo pachucho, y mis hijos y mi mujer me han convencido para que reconsidere mi decisión. Voy tomando la medicación, pero estoy satisfecho por la repercusión que ha tenido este problema»,admite.

Carme, Carlos y Julio pertenecen a una generación«cuyo éxito en esperanza de vida se ha vuelto en su contra por la crisis».Lo dice Carme Sabater, presidenta de la Coordinadora d'Usuaris per la Sanitat.«No se puede pedir a esas personas que vivan muchos años, pero con mala calidad de vida. No se pueden penalizar la enfermedad y la edad para obtener recursos, mientras hay otros medios de obtenerlos que no se utilizan»,denuncia.