la polémica

La policía pidió al fiscal registrar CDC sin aportar nuevas pruebas

Dos comisarios viajaron a Barcelona para intentar participar en la investigación del 'caso Palau'

José Manuel Sánchez Fornet.

José Manuel Sánchez Fornet.

MAYKA NAVARRO / MADRID
JESÚS G. ALBALAT / BARCELONA

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El pasado 29 de octubre, y con la excusa de presentar ante los fiscales anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo una unidad especializada en la materia, dos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía se ofrecieron para participar en la investigación del caso Palau. El responsable de asuntos internos, el comisario Marcelino Martín Blas Aranda, y el que fuera responsable de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) y actual director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), José Luis Olivera, aseguraron en Barcelona a los dos fiscales que tenían información -que no quisieron revelar- de confidentes y anónimos que permitía retomar la investigación del presunto enriquecimiento de dirigentes de CDC, así como de la financiación ilegal del partido. Y propusieron el registro del domicilio del tesorero de Convergència, Daniel Osàcar, y de la sede del partido nacionalista.

La reunión, desvelada ayer por el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, sí se celebró, según han confirmado a este diario algunos de los presentes. Pero se desarrolló en términos muy dispares según quién es el autor del relato. Mientras que fuentes cercanas a los comisarios entendieron que los fiscales boicotearon la investigación contra CiU que pretendía llevar a cabo la policía, para los fiscales la propuesta inesperada de los comisarios fue una injerencia «sin pies ni cabeza» de la que informaron oficialmente al juez que instruye el caso Palau, Josep Maria Pijuan.

Según estas otras fuentes, los fiscales preguntaron a los comisarios si tenían algún dato concreto que les permitiera sumarse a una investigación que han llevado los Mossos d'Esquadra. Los comisarios entregaron un informe de 12 folios (que no es el borrador fantasma que ayer desveló el SUP), que no era más que un relato de las actuaciones judiciales que se habían llevado en el caso.

CONFIDENTES Y ANÓNIMOS / Eso sí, los comisarios insistieron en que sería bueno reabrir la investigación y que tenían datos que no podían revelar procedentes de confidentes y anónimos. Los fiscales invitaron a los policías a visitar al juez. Pero no fueron.

En cualquier caso, mucho de lo que los comisarios Olivera y Martín Blas contaron a los fiscales es lo que se desprende e intuye, pero no aparece ni se afirma, en el polémico borrador que, sin autor ni destinatario, ayer repartió el SUP.

Mientras el Ministerio del Interior insistía en que no encontraba el borrador, el sindicato policial lo repartió en un intento, aseguró su responsable, de denunciar el «hartazgo» de muchos policías que están viendo cómo se «paralizan» investigaciones de corrupción contra cargos políticos de todos los partidos.

ANTICORRUPCIÓN SE DESMARCA / El informe que repartió el sindicato no es más que una recopilación de información ya divulgada sobre el caso Palau e insinuaciones de presuntas cuentas en paraísos fiscales vinculadas a parte de la familia de Jordi Pujol que aparecían en un anónimo que nadie encuentra. En fin, una gran chapuza que ahora nadie asume como suya y de la que la Fiscalía Anticorrupción se desmarcó ayer nítidamente en una nota oficial en la que aseguró que ni el juez ni el fiscal han encomendado a la UDEF «investigación alguna sobre el enriquecimiento particular de las personas a las que se refiere el borrador» y añadió que ninguna unidad policial ha entregado «datos nuevos y relevantes distintos de los que ya obraban en el procedimiento».

En otro momento de la rueda de prensa, Fornet aseguró que, además del borrador -que ayer mismo envió al juez que instruye el caso Palau-, tiene otros documentos comprometedores contra responsables de CDC. Y apuntó que está a la espera de recibir una presunta acta de los Mossos d'Esquadra que confirmaría unos hechos que a él le han contado, pero que no ha podido comprobar, referidos a un miembro del Govern que viajaba con bolsas de billetes de 500 euros. Un portavoz de la Generalitat prefirió ayer ni molestarse en comentar «semejante barbaridad».