Pese a las tensiones territoriales que han explotado con la convocatoria de elecciones en Catalunya en clave soberanista, el Gobierno está decidido a abrir el melón y llevar a cabo una reforma que culmine con un adelgazamiento de todas las administraciones, evitando duplicidades y suprimiendo los organismos y empresas públicas "superfluas". La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado, tras el Consejo de Ministros, que el Ejecutivo quiere hacer una auditoría de "abajo arriba" de las administraciones, lo que ha calificado como un trabajo "de bolillos", para así tener un mapa de lo que realmente hay antes del 30 de junio.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Bañez, este viernes tras el Consejo de Ministros. EFE / PACO CAMPOS

Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la puesta en marcha de una comisión que tendrá como objetivo "establecer un programa de reforma integral de todas las administraciones públicas", en palabras de Santamaría. La número dos del Ejecutivo ha reconocido que hacer un auditoría completa de cómo y quienes prestan los servicios en España, cómo se llevan a cabo las contrataciones, cómo se relacionan las administraciones y proponer una manera de hacerlo "más eficiente" es una "tarea ingente".

Eliminar lo superfluo

Sin embargo, para el Gobierno adelgazar la administración "es uno de los mejores servicios que se puede hacer en tiempos de crisis". "Tenemos que dar una respuesta a los ciudadanos y explicarles que hay una administración que hace el mismo esfuerzo que ellos, prescinde de lo superfluo y elimina prácticas costosas y caras".

La vicepresidenta ha explicado que el Ejecutivo se siente "avalado" para poner en marcha esta comisión porque en la Conferencia de Presidentes todos los representantes de las Comunidades Autónomas acordaron abordar la eliminación de duplicidades y la simplificación de la administración. La comisión, que dependerá del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, estará formada por representantes de todos los ministerios, la oficina económica del presidente y un representante de la vicepresidencia que, en este último caso, trabajará a tiempo completo.

Por consenso

El objetivo es que la reforma se lleve a cabo por "consenso" con las comunidades, ayuntamientos y grupos políticos . Para ello, la comisión propondrá sus conclusiones a la conferencia sectorial que reune a las autonomías y el Estado. Saénz de Santamaría ha hecho un llamamiento a todos los dirigentes públicos a que no aborden la reforma con un "sentimiento patrimonialista", sino con el objetivo último de encontrar la clave de cómo prestar mejor y con menos coste los servicios públicos.

Preguntada sobre si la reforma concluirá con el cierre de las embajadas que mantienen algunas autonomías, como Catalunya, ha señalado que la aditoría supondra un "ejercicio de transparencia" para que los ciudadanos sepan y valoren "donde se va su dinero". "Aquí vamos a salir retratados todos sobre cuánto nos cuestan determinadas estructuras", ha remachado.

Sin embargo, vicepresidenta ha eludido responder si se podrá obligar a las autonomías a que supriman los organismos cuestionados. Saénz de Santamaría ha señalado simplemente que la comisión dará "elementos a Hacienda para que el ministerio pueda detallar dónde pueden ahorrar" las administraciones con el fin de cumplir con la reducción del déficit. Además, si algún dirigente se sale del acuerdo "será él el que tendrá que explicar por qué considera, con datos económicos", que no es conveniente reducir la administración.

Cuatro subcomisiones

La comisión trabajará dividida en cuatro subcomisiones. La primera, encargada de evitar duplicidades, llevará a cabo una auditoría de las competencias que se desarrollan en los tres niveles de la administración. La segunda, buscará como eliminar la burocracia y que los procedimientos administrativos sean más simples para los ciudadanos. La tercera se encargará de buscar la eficacia y estudiará cómo unificar la contratación de servicios para intentar lograr un ahorro. Por último, la cuarta subcomisión analizará las empresas y organismos públicos con el fin de proponer cuáles se pueden fusionar y cuáles directamente eliminar.