El Gobierno español ha pedido a la Comisión Europea que hable con una sola voz ante la posible independencia de Catalunya y la opción de que un territorio de España pueda ingresar en la Unión Europea (UE) si se declara independiente, según fuentes diplomáticas. En un escrito formal dirigido recientemente a su cúpula, España solicita al Ejecutivo comunitario que todos sus miembros expliquen la posición de Bruselas en este asunto "de conformidad con los tratados".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el pasado julio. J.J.Guillen | FE

La CE ha dado respuesta desde hace años a la pregunta de si una región que se escindiera de un Estado miembro seguiría perteneciendo a la UE o no.
En respuesta a una pregunta formulada por un eurodiputado británico en el 2004, Bruselas aclaró que "una región independiente nueva se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto de la Unión y los tratados no se aplicarían en su territorio desde el día de su independencia".
Por tanto, si quisiera formar parte de la UE, tendría que presentar una solicitud de adhesión que debería ser aceptada por unanimidad por el Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de cada Estado miembro; es decir, que cualquier país miembro podría vetar su ingreso.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy intentaría así aclarar lo que supondría para Catalunya una ruptura con España después de que la semana pasada la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, la luxemburguesa Viviane Reding, asegurara que una Catalunya independiente no tenía por qué salir de la UE.

El artículo 4.2 del Tratado de la UE

El Gobierno español sostiene que la UE no aceptará una hipotética secesión de ninguno de sus territorios que no haya sido decidida por el conjunto del pueblo español. Y basa su convencimento en el artículo 4.2 del Tratado de la UE, según el cual, sostiene el Ejecutivo, solo sería legal una secesión pactada con España y la actual Constitución impide la independencia unilateral de una parte de la nación, porque la soberanía de España corresponde al conjunto del pueblo español.

Incluso cuando se llegara al caso de que una parte del actual territorio de España se separara del resto de forma pactada --porque hubiera cambiado la Constitución, por ejemplo-- el nuevo Estado no estaría automáticamente dentro de la UE, sino que tendría que iniciar un proceso de adhesión que solo concluiría cuando los miembros de la Unión estuvieran unánimemente a favor de su ingreso.

En concreto, el artículo 4.2 del Tratado de la Unión señala que ésta respetará la identidad nacional de los estados miembros, identidad "inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional". También dice que "respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional".

Desde el Gobierno se explica que este artículo es lo que se conoce en derecho como norma de remisión, es decir, incorpora lo que el ordenamiento nacional de cada Estado miembro determina. Esto quiere decir que en los Estados miembros en los que quepa una secesión pactada, ésta será legal, pero en los que no, se trataría de una independencia ilegal.