Wert redobla el acoso a la inmersión lingüística en vísperas electorales

El Ministerio de Educación parece empeñado -aunque su titular José Ignacio Wert diga que no es así- en que el modelo lingüístico del PP se imponga en todas las comunidades con dos lenguas, incluida Catalunya, lo que supone abrir una brecha en la inmersión lingüística -vigente desde hace más de 30 años- para dar más cabida al castellano. Empezó Wert revisando el sistema a través de la LOMCE, apelando al derecho de los padres a elegir el idioma en que quieren que sus hijos sean escolarizados, pero esta semana la ofensiva ha ido un paso más allá: el ministerio ha llevado a la Generalitat a los tribunales para que estos, a su vez, le insten a cumplir con «la obligación legal de garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular». Y esto, cuando apenas faltan dos días para que empiece la campaña electoral.

Eso pasaría porque la Generalitat reabriera, en primer lugar, el proceso de preinscripción escolar para el próximo curso (cerrado el pasado 17 de marzo), ya que en la convocatoria no se previó la opción del bilingüismo, denuncia el ministerio. Además, el departamento que dirige Wert reclama que todos los alumnos que soliciten ser escolarizados en castellano en cualquier escuela catalana, pública o concertada, puedan estudiar al menos un 25% de las asignaturas en esa lengua, sin tener en cuenta, no obstante, la elección del resto de alumnos de la clase.

Las dos peticiones, la de revisar el plazo de preinscripción y la de que los alumnos que lo elijan hagan un cuarto de las horas de clase en castellano, son las dos medidas cautelares solicitadas por el ministerio en el recurso que esta semana ha admitido a trámite el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en contra de la resolución de la Generalitat que regulaba el proceso de preinscripción del curso que viene.

UNA CASILLA MÁS

 «Un año más el formulario de la Conselleria d'Ensenyament no ha incluido una casilla donde las familias puedan elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza», denunció ayer la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio. Como en cursos anteriores, señaló, a los alumnos que han expresado su voluntad de seguir una enseñanza bilingüe se les dice que tendrán atención individualizada.

«Administrativamente esta demanda es un disparate y políticamente supone una gran ofensa, por no decir que es también el último intento del PP antes de terminar la legislatura de liquidar el modelo de inmersión lingüística», denunció ayer la 'consellera' de Ensenyament, Irene Rigau. A estas alturas, prosiguió Rigau, «aplicar estas medidas cautelares, si no se aceptaran las alegaciones que presentará la Generalitat, significaría tener que notificar personalmente a todos los alumnos preinscritos que pueden pedir el uso del castellano como lengua vehicular: eso supone tener que avisar a 148.000 familias, a las que habría que sumar el millón y medio de alumnos que seguirán estudiando en el mismo centro el próximo curso, por si quieren cambiar de opción».

La Generalitat tiene 10 días para presentar sus alegaciones al recurso presentado por el abogado del Estado en Barcelona ante el TSJC. Este, una vez recibida la apelación de la Administración autonómica, dispone de una semana más para responder a las medidas cautelares solicitadas por el ministerio, informó ayer un portavoz de este departamento. Con todo, la Generalitat reitera que el calendario de matriculaciones se mantendrá tal y como estaba previsto inicialmente: el plazo se abrirá el próximo 8 de junio y se cerrará cuatro días después, el día 12.

«La Generalitat actúa una vez más en contra de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia, al no establecer mecanismo administrativo alguno que posibilite el uso del castellano como lengua vehicular», lamenta el ministerio en un duro comunicado, en el que acusa a la conselleria de no atender, como han hecho ya otras comunidades autónomas con lengua cooficial, «a los requerimientos que le instan a impartir clases en ambas lenguas en una proporción razonable». La secretaria de Estado aseguró que la «gran mayoría» de las comunidades con lengua cooficial «han resuelto esta situación de una manera pacífica y mayoritariamente con sistemas integrados bilingues o trilingües».