Wert pagará el cole en castellano y se lo descontará a la Generalitat

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto de desarrollo de la LOMCE que permitirá al Gobierno central abonar el coste de una plaza privada para garantizar la escolarización en castellano de cualquier  alumno en Catalunya. El Ministerio de Educación, que dirige José Ignacio Wert, podrá adelantar a las familias el coste de la plaza privada, y luego lo cargará a la Generalitat a través de Hacienda, deduciendo o reteniendo la suma, que incluirá los conceptos de matrícula, escolarización, transporte, comedor e internado.

La cantidad máxima que se abonará será de 6.057 euros anuales, cantidad que se calcula que cuesta una plaza escolar pública, como informó EL PERIÓDICO el pasado 25 de junio. Si la plaza resulta más cara, la familia pagará la diferencia.

El ministerio pone tres condiciones: que no haya oferta pública de enseñanza en castellano, que los padres hayan solicitado una plaza que responda a esa naturaleza y que el alumno se haya matriculado en un centro privado que tenga el castellano como lengua vehicular «en una proporción razonable con la enseñanza ofertada en la lengua cooficial». Esta es una de las minas del decreto, por la ambigüedad de la palabra «razonable». El Consejo de Estado ha pedido, sin éxito, más concreción.

Wert negó casi todos los reproches y acusaciones que le llovieron desde Catalunya: «Estoy convencido de que [el decreto] sigue escrupulosamente la doctrina constitucional. No hay confiscación competencial. No existe abuso de poder. De ninguna manera se está intentando establecer modelos de uso del castellano como lengua vehicular exclusiva. No es el objetivo». Y dijo que si no se niega la oferta del castellano como lengua vehicular a quien lo demande, no habrá aplicación del decreto, que, en puridad, se refiere a todas las comunidades autónomas: defiende la obligación de respetar el derecho a recibir clases en castellano y otras lenguas que son oficiales en la educación obligatoria, hasta los 16 años. A nadie escapa que Catalunya es el objeto del decreto.

NO SERÁ UNA «SORPRESA» / Wert afirmó que lo que hace el Gobierno es asegurar «una proporción razonable» entre el uso de castellano y catalán en las asignaturas no lingüísticas, que en los modelos de inmersión lingüístico pueden ser de la lengua propia de la comunidad. Esa proporción, afirmó, es un derecho que se corresponde con la doctrina del Constitucional. «Cualquier comunidad que considere que debe recurrirlo [el decreto], lo hará», afirmó, y admitió que no sería «una sorpresa» que la Generalitat lo hiciera. Y lo justificó recordando que el Govern ya presentó un recurso contra la LOMCE en su conjunto.

El Gobierno abonará mensualmente el coste de la escolarización privada de los estudiantes afectados, aunque de entrada cada caso deberá ser reconocido por un órgano instructor. Para ello habrá un periodo máximo de seis meses, que también podrían acabar en que la solicitud fuera desestimada. En esos primeros meses, teniendo en cuenta que el alumno ya estará matriculado en una privada, los tendría que avanzar la familia. A partir del segundo año, los gastos los pagaría el ministerio desde el inicio del curso.

El decreto que el BOE publicará hoy se aplicará en seguida pese a aprobarse solo dos meses antes del inicio del curso, aseguraron fuentes de Educación, que dieron por hecho que habrá casos de alumnos matriculados en la privada por el factor lingüístico en el curso 2014-2015. Pero hace tiempo que la Generalitat advierte de que con la matrícula ya cerrada, eso será inviable.

EFECTO LLAMADA / Las mismas fuentes rechazaron la posibilidad de que la oferta que contiene el decreto acabe generando un efecto llamada de familias de alumnos que intenten lograr la ayuda para que su hijo o su hija acuda a un centro privado. Consideraron que el decreto incluye suficientes «mecanismos para evitar el fraude». Y recordaron el hecho de que sea obligatorio demostrar que «no hay una oferta sostenida» con fondos públicos en castellano en la zona de escolarización y que el alumno está matriculado ya en un centro privado.

De fondo, aparece la pugna entre el Gobierno del PP y el Ejecutivo catalán por el modelo de la inmersión lingüística. Wert lo dejó claro al afirmar que la medida que es «temporal y limitada», y que responde a la necesidad de garantizar el uso del castellano como lengua vehicular.