CHOQUE ENTRE ADMINISTRACIONES
Los pliegues del decreto
La norma del Gobierno central genera gran recelo respecto de su aplicación
Vuelta al cole 8 El colegio Cervantes de Barcelona, en septiembre.
Por qué confiar en El Periódico El Gobierno central argumenta que el decreto que aprobó ayer no invade competencias autonómicas. La Generalitat sostiene que la norma es innecesaria e inaplicable.
EL MODELO
La amenaza de la doble red escolar
Sostuvo ayer la consellera Irene Rigau que el decreto del Gobierno busca avanzar hacia una doble red escolar en función de la lengua. Que es una manera de abrir el debate para forzar un cambio que sería histórico y que todos los actores del sector educativo rechazan. La doble red supondría separar a los niños en función de si eligen el catalán o el castellano como la lengua vehicular. Eso es algo que Catalunya (a diferencia del País Vasco, donde sí hay separación escolar por lengua) descartó con la recuperación de la democracia y sobre lo que ha habido consenso hasta hace casi nada. Aunque sea de forma muy desigual, si unos cuantos niños estudian en función de un nuevo modelo ya habrá dos líneas, conceptualmente hablando.
LA ALTERNATIVA
Una oferta inexistente o insuficiente
No hay colegios privados que utilicen el castellano como lengua vehicular, insiste la Generalitat, argumentando que difícilmente pueden encontrarse plazas que cuadren con la previsión del decreto. Cierto es que un centro privado podría adaptar su oferta a la vista de la posibilidad de captar alumnos por quienes el Gobierno pagaría. Pero también lo es que la matrícula del curso próximo está cerrada, por lo que se hace complicado cambiar la situación a corto plazo.
Y si este problema puede pesar en Barcelona, más pesará en el resto de Catalunya, con una oferta privada mucho más restringida.
EL RIESGO
La posibilidad del fraude y la tentación
Existe la posibilidad de que algunos padres tengan la tentación de utilizar el decreto que ayer aprobó el Consejo de Ministros para lograr un colegio mejor para sus hijos gracias a la ayuda económica del Gobierno central, argumentando que prefieren el castellano como lengua vehicular.
Contra ello, el ministerio asegura que velará activamente por el cumplimiento de los requisitos del decreto. Y pese a que el adelanto del dinero a las familias podría suponer un incentivo para reclamar enseñanza vehicular en castellano, Wert dice descartar el riesgo de un efecto llamada.
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