Ensenyament juzga «inaplicable» la norma y prepara la impugnación

Irene Rigau fue terminante: el Gobierno central cuestiona el modelo educativo catalán sustentado en la inmersión lingüística y persigue convertirlo en una doble línea escolar, en catalán y en castellano. La consellera de Ensenyament se pronunció sobre el decreto cuando aún no se había anunciado su aprobación, pero anticipó ya que el Gobierno catalán lo recurrirá.

«Tiene una visión pedagógica que no podemos compartir. Contradice lo que prevé la ley en Catalunya, lo que está previsto en el Estatut y parte de la base de que si el Govern no hace lo que se considera en Madrid que debe hacerse, invaden nuestras competencias y establecen una multa, porque entendemos que es una multa», afirmó. «Una multa lingüística es algo muy grave en Catalunya que nos lleva a los peores años de la persecución lingüística», declaró en la Cámara catalana.

Ensenyament sostiene que el decreto aprobado ayer es «inaplicable». De entrada, porque considera que no hay en Catalunya escuelas privadas con el castellano como lengua vehicular. El decreto precisa que un alumno deberá matricularse en una privada con el uso del castellano como lengua vehicular «en una proporción razonable».

Rigau denunció lo que ve como un objetivo final y oculto: «Estamos convencidos de que el propio Gobierno sabe que la norma es de difícil para no decir de imposible aplicación en Catalunya. Detrás está la voluntad de establecer una doble línea en Catalunya. Nunca hemos querido implantar la doble línea para no separar a los niños por la lengua». Tiene que evitarse, dijo, que una doble línea en catalán y castellano sea presentada «como la solución definitiva a la vista de la complicación de la norma» aprobada ayer.

«El castellano está presente en nuestra escuela. Faltaría más, es una lengua oficial. El castellano y el catalán se evalúan con el mismo rigor», dijo la consellera de Ensenyament. «La propoción es determinada en cada proyecto lingüístico en función de la realidad sociolingüística», agregó. Para Rigau, el decreto es una «imposición política» planteada no en función del conocimiento del catalán y del castellano, sino «de un horario que quiere establecerse sin tener mayoría en el Parlament», dijo aludiendo al PP.

HOMS, INDIGNADO / El portavoz del Govern, Francesc Homs, habló del decreto horas antes de que se aprobara, en un tono de advertencia al Ejecutivo central que de poco sirvió. Aseguró que habrá recurso catalán contra el decreto por ser este «absolutamente ilegal». Porque considera que la posibilidad de que el Gobierno intervenga aportando recursos para la matriculación en centros privados para luego retirárselos a la Generalitat es «un abuso de poder» con el que el Gobierno quiere «confiscar la autonomía».

El conseller de Presidència también subrayó, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que no hay en Catalunya una escuela con lengua vehicular en castellano «en cada esquina». En su opinión, con el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado por «plantar la semilla de la discordia y de la división» en Catalunya.