La cumbre contra la LOMCE logra un pacto unitario de mínimos
Las fuerzas políticas catalanas, excepto el PP y C's, acuerdan defender en Madrid la inmersión lingüística y el rechazo a la separación en la ESO
JOSE RICO / MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / Barcelona
La virulencia del torpedo legislativo del Gobierno central contra un símbolo tan sensible del catalanismo como es el modelo educativo de inmersión lingüística ha sido el mejor catalizador para que el Govern, los partidos (salvo el PPC y Ciutadans) y la comunidad educativa hallasen este martes el mínimo común denominador para combatir unidos y coordinados la ley Wert. En realidad, la cumbre contra la LOMCE y en defensa de la escuela catalana ha seguido la tradición de esta clase de citas en los últimos años y ha alumbrado un acuerdo de mínimos: todas las fuerzas políticas han pactado un paquete de enmiendas al proyecto que presentarán en el Congreso y que abordan, única y exclusivamente, el blindaje del modelo lingüístico en las aulas catalanas y de las competencias de la Generalitat para diseñar y estructurar los planes curriculares. En términos pedagógicos, la cumbre ha acordado rechazar la separación de los alumnos de 13 años (en cuarto de ESO) según su rendimiento académico, tal y como prevé la 'ley Wert'.
Satisfecha porque, "pese a las discrepancias del día a día", las fuerzas políticas catalanas han sido capaces de encontrar al menos cuatro puntos de consenso, la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, ha hecho suyas buena parte de las recomendaciones recogidas en el informe del Consell Escolar de Catalunya (CEC) avanzado por este diario. La titular de Ensenyament ha ceebrado que finalmente se haya conseguido "crear una estrategia conjunta contra una ley, que es imaplicable en Catalunya, porque ataca a su autogobierno, por su contenido pedagógico, por sus efectos sociales, por el tratamiento que da a la lengua y por cómo contraviene recomendaciones europeas".
Ninguna de las enmiendas que ha planteado la Generalitat a los partidos y al Consell Escolar de Catalunya (que agrupa desde sindicatos de maestros y federaciones de padres hasta la patronal de la escuela concertada y las administraciones autonómica y locales), alude al mayor peso de la asignatura de Religión, ni a la pérdida de representación de los consejos escolares, ni a los conciertos a las escuelas privadas.
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