Merkel acude al rescate de Volkswagen

Vehículos Volkswagen en el centro de almacenamiento en Wolfsburg

Vehículos Volkswagen en el centro de almacenamiento en Wolfsburg

CARLES PLANAS BOU / BERLÍN

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Volkswagen, el primer fabricante de coches mundial, está empezando a pagar cara la manipulación de las emisiones de gases contaminantes de sus vehículos diesel y sus trabajadores pueden ser los más perjudicados de su crisis. El consejo de trabajo de la marca alemana anunció ayer  que el gigante de la automoción contempla la posibilidad de recortar empleos temporales en Alemania para poder hacer frente a las indemnizaciones millonarias que se deriven de las demandas de los consumidores afectados por el escándalo de los coches trucados.

Si tras destaparse el escándalo, Alemania se puso las manos a la cabeza, para evitar males mayores ahora la cancillera Angela Merkel estudia ofrecer trabajo temporal a los empleados afectados por este recorte, que podrían ser hasta 6.000 en plantas alemanas. Volkswagen estudia o bien prescindir de empleados temporales o bien recortarles la jornada mediante la aplicación de un expediente de regulación de empleo temporal.

Según publicó el rotativo Bild citando a fuentes gubernamentales, el ejecutivo germánico podría crear un programa de trabajo a tiempo parcial. Eso permitiría a Volkswagen preservar los puestos de trabajo a cambio de reducir las horas de los trabajadores y a su vez ahorrar dinero para poder hacer frente a futuras sanciones. «Si el empleo se reduce temporalmente, recortar las horas de trabajo será una opción razonable», remarcó la empresa en un comunicado. Por otro lado, Berlín se haría cargo de ocupar a los empleados afectados y compensar parte del salario perdido por el cambio.

Un portavoz del grupo que representa a los miembros de la empresa aseguró que se hará todo lo posible para asegurar los trabajos temporales aunque apuntó que el equipo directivo está trabajando en «diversos escenarios». El consejo de trabajo, reunido en la sede oficial de Wolfsburg, también celebró que «el gobierno federal tenga a los empleados de Volkswagen en mente, ya que ellos no fueron los culpables del escándalo».

Los recortes de Volkswagen pueden suponer un duro golpe para Alemania, país que ha sacado pecho de ser el motor económico de Europa y un ejemplo en la gestión del empleo y la productividad industrial. El grupo automovilístico da trabajo a hasta 600.000 personas en todo el mundo y casi la mitad de ellas lo hacen en el país centroeuropeo, el principal empleador. Teniendo en cuenta la magnitud del impacto, el gobierno germánico ha querido actuar para evitar un mal mayor en sus finanzas y reputación. De momento las ventas de Volkswagen han caído un 1,5% durante el mes de septiembre.

NERVIOS EN ESPAÑA/ El nerviosismo también ha hecho mella en España, donde las autoridades no han impulsado ninguna acción legal ni investigación contra la compañía por su supuesto fraude en la manipulación de hasta 11 millones de vehículos en todo el mundo. Especialmente en el punto de mira están las plantas de Seat en Martorell (Barcelona) y de Volkswagen en Landaben (Navarra) y las nuevas inversiones de hasta 4.200 millones de euros.

Los sindicatos españoles creen que las inversiones en España no están garantizadas, sobre todo después de que el grupo alemán anunciara el pasado jueves que para prepararse para la embestida judicial recortará 1.000 millones de euros anuales las inversiones en su marca principal, Volkswagen.

Si en Alemania se produce afectación en las inversiones y en el empleo temporal, las centrales sindicales españolas temen que es previsible que la crisis se extienda a las filiales y alcance a Seat y a la planta navarra de Volkswagen. Para intentar amarrar esas inversiones tanto el ejecutivo catalán como el español ya han empezado a trabajar en un sistema de líneas de financiación pública y han creado dos comisiones de trabajo.

La compañía tiene provisionado un presupuesto de 6.500 millones de euros para hacer frente a las más que posibles sanciones por su mala praxis, aunque varios expertos han calculado que el coste del escándalo podría elevarse hasta entre 35.000 y 50.000 millones de euros.