La herencia, en este caso no del PSOE, sino de 17 años de gobiernos del PP ha desembocado en la primera petición de rescate por parte de una autonomía. La Comunidad Valenciana anunció ayer que solicitará al Ejecutivo central auxilio financiero, a través del fondo de liquidez autonómico que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada. El Estado puso a disposición de las comunidades en situación límite un total de 18.000 millones de euros. De esta reserva, el Gobierno de Alberto Fabra requiere una cuarta parte, unos 4.600 millones. El recurso a este mecanismo deja a Valencia a las puertas de la intervención, pues aumenta la tutela estatal sobre las finanzas autonómicas y obligará a nuevos recortes.

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Información publicada en la página 5 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 21 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Aunque el vicepresidente valenciano, José Císcar, evitó cifrar las necesidades financieras de la Administración autonómica, 4.600 millones es la deuda autorizada por el Consejo de Ministros a la Generalitat Valenciana, y que esta última no ha podido emitir, lo que provocó que pasase a ser considerada bono basura por las agencias de calificación. Este pasivo incluye unos 1.500 millones de deuda autorizada y no emitida en el 2011 y unos 3.100 millones del 2012. Otros 3.500 millones en vencimientos de este año han sido cubiertos con varios préstamos del ICO.

Hace años que la valenciana es la autonomía más endeudada en términos relativos (20,5% del PIB) y la segunda en términos absolutos, solo por detrás de Catalunya. Con la losa de acabar el año con un déficit máximo del 1,5% y con colectivos en pie de guerra por los impagos, como los dependientes, los docentes y las farmacias, el Gobierno de Fabra ha ejecutado un duro plan de ajustes, que incluye la privatización de la toda la gestión no asistencial de la sanidad pública, y una reestructuración del sector público, que prevé el despido de miles de trabajadores antes de final de año. Solo en Canal 9, que acaba de presentar un ERE, se eliminará el 76% de la plantilla: 1.295 empleados. Lo que no ha sufrido retrasos, de momento, es el pago de nóminas.

Según Císcar, no harán falta más ajustes, pero una de las condiciones para acogerse al fondo de rescate es presentar, en el plazo de 15 días, un plan de ahorro que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. De hecho, el Gobierno, si lo ve necesario, podrá enviar una «misión de control» para vigilar a la comunidad intervenida.

HERENCIA ENVENENADA / Fabra lidia impotente con la envenenada herencia que le legó Francisco Camps. Su política de ladrillo y los grandes fastos y el virus de la corrupción han hundido el sistema financiero valenciano -Banco de Valencia, la CAM y Bancaja, como parte de Bankia, están intervenidos- y han llevado a la comunidad al borde de la bancarrota. Mariano Rajoy, en la campaña electoral del 2008, puso a Camps como ejemplo de buena gestión económica.