La vaca gallega no ríe

Una frase concisa resume las penurias de los ganaderos gallegos para vivir de la leche que dan sus vacas. «Un litro de agua se vende más caro que uno de leche». La frase la repite el alcalde de pueblo en el rural de Pontevedra, rebota en el Parlamento gallego y de ahí salta al Ministerio de Agricultura. «No puede ser», reconoce hasta el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. No puede pero es, y en Galicia hasta un punto desesperante para los ganaderos, que mediado septiembre dijeron basta,  bloquearon la industria y paralizaron Santiago de Compostela durante cinco días. Al sexto firmaron la tregua, que se mantiene a duras penas.

¿Qué ha pasado en Galicia para llegar a este extremo? Una «tormenta perfecta», describe Roberto García, secretario general de Unións Agrarias (UUAA), uno de los sindicatos del campo más representativos en la comunidad, en la que intervienen factores entre los que incluso se ha invocado al terrorismo, literal y metafóricamente. La alusión literal remite a la guerra de Ucrania y la denominación con que Kiev se refiere a los separatistas del Este. Como la UE apoya a unos y Rusia a los otros, los bloques se han impuesto sanciones mutuas y en los supermercados de Moscú ya no se venden quesos manufacturados más allá del Dniéper, con ominosos efectos en el Miño.

De otro lado, en un plano más pedestre, está el «terrorismo económico» con que el alcalde de Lalín, una villa de 20.000 personas en el centro geográfico de Galicia, se refiere a las industrias que en los meses de verano se negaron a recoger el producto a los ganaderos, cuando estos rechazaron venderlo a menos del costo de producción. «Ese nivel de presión es inadmisible en una sociedad democrática, un capitalismo exacerbado que las administraciones públicas debemos denunciar», sigue protestando hoy el regidor, Rafa Cuíña.

Las alusiones al capitalismo entroncan con otro de los lugares comunes asociados a la política agraria europea, que se supone un sector regulado. La realidad es que lo es cada vez menos, como indica Francisco Sineiro, profesor de Economía de la Universidad de Santiago especializado en política agraria y conselleiro de Agricultura de la Xunta a finales de los 80. «Las reformas desreguladoras en la UE empezaron en el 2003 de forma gradual y han culminado con la eliminación de las cuotas lácteas en abril de este año», explica. Es decir, donde antes la producción estaba limitada, ahora es libre y sometida a los vaivenes del mercado, como por ejemplo, que China reduzca las importaciones drásticamente de un mes para al siguiente.

Eso sin contar la peculiar estructura del sector, en la que los productores culpan a los distribuidores de empujar los precios a la baja y a las industrias de volcar todo el ajuste en aquellos, en un marco de competencia libre ante el que se ven desbordados. «En España tenemos mucha normativa pero el cumplimiento va muy por detrás», dice Sineiro. «Cuando comenzó la desregulación en la UE, y vistos los desequilibrios que se podían dar, se estableció una normativa de contratos a largo plazo, que en España deberían ser de al menos un año, y de formar organizaciones de productores, para reequilibrar la negociación. Está regulado desde el 2012 pero en la práctica no se cumple».

Encontrarse en el supermercado un brick de leche a 50 céntimos implica con toda probabilidad que el productor ha cobrado peligrosamente menos de los 30 céntimos en los que los sindicatos calculan el mínimo ya no de la rentabilidad, sino de la viabilidad. Por debajo de eso la tendencia es ir pensando en vender la granja y dedicarse a otra cosa.

Datos alarmantes

Los datos históricos son alarmantes, en ese sentido. De las casi 100.000 explotaciones que llegó a haber en la comunidad, en la actualidad apenas hay 9.000 «y según se calcula este año pueden desaparecer otras 4.000», advierte Cuíña. Con la entrada en la UE, la típica explotación familiar de postal rural gallega, de una familia con sus cuatro vacas pardas ha evolucionado hacia explotaciones cada vez más intensivas, con inversiones que requieren endeudamientos elevados que no resisten a la volatilidad del mercado libre.

«A nivel internacional los precios son bastante variables y, con la liberación del mercando comunitario, el sector se tiene que acostumbrar a que existan periodos de precios más altos y más bajos», razona Sineiro. «Ahora son bajos, pero es que en España y sobre todo en el caso de Galicia se está aún más por debajo del precio de referencia europeo. Todo influenciado, también, por el final de las cuotas y con la disculpa de unos excedentes, que en parte pueden existir, con los que se está presionado demasiado a la baja sobre una parte importante de la producción».

Suso Méndez, ganadero de Ribadeo (Lugo), tiene 60 años, «ciento y pico» vacas y un enfado bastante considerable ante los bandazos del sector. «Nos metieron en un sistema muy intensivo para producir muchos litros a coste muy alto. Hay que desandar el camino, desintensificar, entre otras cosas, porque el sistema actual no es ni sostenible ni ecológico, con una tierra casi en monocultivo de maíz, con herbicidas y abonos químicos que ya no se pueden aguantar», lamenta. «El sistema de cuotas fue un fracaso total. Si se hubiese llevado bien, como en Francia, donde no se podía comprar y vender cuota sin ir acompañada de tierra, se acababa la especulación», recuerda, y termina con un pronóstico pesimista. «Hay zonas de Galicia en las que la superficie agraria útil bajó un 60%. Se plantó cuanto eucalipto se quiso y más, y la Administración no hizo nada. Y sin embargo se triplicó la producción de leche. ¿Con qué base? Los camiones de fuera. ¿Eso es sostenible? El sistema productivo no tiene futuro, hay que cambiarlo, solo funciona a precio alto y ahora aunque suba lo hará poco».

Roberto García, de UUAA, está parcialmente de acuerdo. «Parece lógico, en un país que produce menos de lo que consume, pautar un crecimiento ordenado priorizando la producción nacional, ordenando el crecimiento para evitar que se desborde todo. Pero a nivel europeo es muy difícil que, una vez tomada una decisión, se vuelva atrás en poco tiempo». Con todo, confía en que «la falta de una red de seguridad en los precios y de ningún tipo de control de la producción tarde o temprano haga reflexionar para buscar alternativas, que no se le llamarán cuotas pero que permitan buscar una sostenibilidad a las rentas de los ganaderos».

En tanto la epifanía no alcanza Bruselas, las administraciones tratan de aplacar a los ganaderos. La huelga de septiembre en Galicia, en la que se derramaron 30 millones de litros, se suspendió ante el anuncio de una negociación con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en el papel de mediadora. El pacto firmado esta semana por representantes de la industria y la distribución -del que se bajó la mayor parte de los portavoces de los ganaderos- no establece fórmulas de control y sanción de los incumplimientos, y apela al concepto indeterminado del precio sostenible, que el Gobierno rechaza fijar porque alega que contraviene la normativa europea sobre competencia. El economista Sineiro opone el ejemplo de Francia. «Lo que están señalando allí y lo que se podría señalar en España es que no se puede llegar a acuerdos sin indicar unos precios no ya  mínimos, sino que por debajo de los cuales se entiende que se están produciendo prácticas desleales y se están generando precios muy por debajo de los costes medios de producción».

Incluso entre los propios firmantes no todos acaban de ver claro que el pacto sirva para algo, vistos los precedentes. «En el 2009 firmamos otro acuerdo tras otro periodo de crisis en el que pactamos tomar como referencia el precio mínimo francés y, nada más levantarnos de la mesa, una industria lo denunció ante Competencia», recuerda Higinio Mougán, director de la Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias, que sin embargo insiste en la necesidad de porfiar en la negociación. «En Francia tienen la cadena muy bien estructurada. Pocas industrias y muy grandes, al igual que las cooperativas y los productores, que prácticamente se engloban en solo dos organizaciones. Y lo que posiblemente es lo más importante, tienen cultura de llegar a acuerdos. En el lácteo español habría que remontarnos mucho para ver cuándo un acuerdo se llevó a la práctica.  La propia industria se pelea entre sí y la distribución también, por copar mercado. Pero o seguimos en el método del sálvese quien pueda o evolucionamos hacia otro más pactista».

Un armisticio-incógnita

Más optimista se muestra Ignacio García, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). «Estamos todos muy sensibilizados con el problema y tenemos una oportunidad para trabajar, que las medidas del acuerdo se pongan en marcha y los ganaderos perciban los efectos cuanto antes, pero no hay atajos», señala, al tiempo que recuerda la numerosa normativa aprobada durante esta legislatura, desde la ley de la cadena alimentaria a los tres reales decretos aprobados en el llamado paquete lácteo. Pide, en ese sentido, «no hacer borrón y cuenta nueva a cada paso que se da» e «intentar que todo sea coherente y eficaz».

De momento, los tractores han vuelto a las granjas, pero la duración del armisticio es una incógnita y cunde la idea de que los bandos se están reagrupando. «El acuerdo tiene la parte positiva de que va a retratar a cada uno. El hecho de que se vayan a conocer los precios de cesión, a cómo compra cada cadena de distribución y cómo paga cada industria nos permitirá, en vez de ir a la guerra total, hacer una selectiva, contra industrias concretas y cadenas de distribución concretas», vaticina Roberto García. El alcalde de Lalín rubrica: «Auguro nuevas movilizaciones, porque la situación es insostenible».