fiscalidad

Una reforma de los impuestos que garantice ingresos en el sistema

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Solo los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han detallado sus propuestas para una reforma integral del sistema de pensiones, mientras los partidos políticos dan pinceladas a flecos.

La coincidencia entre las centrales sindicales y los grupos de oposición de la izquierda -y algunos de centro- es la necesidad de hacer una reforma fiscal integral que permita al Estado contar con más ingresos para destinarlo a las rentas de jubilación, sin que haya que tomar otras medidas adicionales para garantizar la viabilidad del sistema. En esta reforma sólo se incentivaría la creación de empleo estable y de calidad.

Para los sindicatos la recaudación fiscal ha bajado considerablemente con la política del Gobierno del PP, hasta situarse en el 19,3% del producto interior bruto (PIB) mientras que en la Unión Europea (UE) este procentaje se sitúa de media en el 26,2%.

La reforma fiscal dirigida, entre otras cuestiones, a reducir las exenciones y deducciones en el pago de impuestos, permitiría aumentar los ingresos en torno a los 40.000 millones de euros, según calcula CCOO.

Junto a UGT, ambos sindicatos consideran que si se hace un plan serio de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida en España se pueden hacer aflorar ingresos extras entre 5.000 y 11.000 millones de euros anuales. Para ello es necesario aumentar la plantilla y agilizar el cobro de las deudas pendientes, que rodan los 26.000 millones de euros.

Tanto para UGT como para CCOO, la reforma fiscal integral debería recuperar impuestos que han desaparecido en los últimos años como el impuesto de sucesiones o la reintroducción total del impuesto de patrimonio. Además, precisa UGT, se debería eliminar los instrumentos financieros que sirven para eludir el pago de impuestos a las grandes fortunas como las Sicav.

También contribuiría a que Hacienda cuente con más ingresos que las rentas de capital vuelvan a la tarifa general del IRPF así como la revisión de los mecanismos de tributación de las rentas empresariales y de los autónomos para que se acerquen a sus ingresos reales. El coste anual de las pensiones de viudedad y de orfandad está en torno a los 20.000 millones de euros.