CRISIS BANCARIA
El Tribunal de Cuentas critica el retraso del FROB en la intervención de Catalunya Banc
El órgano fiscalizador señala que se perjudicó la gestión de la entidad
Por qué confiar en El Periódico El fondo de reestructuración y ordenación bancaria (FROB) no actuó "con la debida diligencia" cuando en octubre del 2011 entró en el consejo de administración de Catalunya Banc, lo que ocasionó un "perjuicio para la gestión ordinaria" de dicha entidad bancaria, según ha señalado hoy el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en el Congreso de los Diputados donde ha presentado el informe fiscalizador del organismo que ha intervenido en los rescates bancarios.
Al adquirir la condición de accionista mayoritario, el FROB debería haber tomado las medidas necesarias para que el proceso de saneamiento hubiera sido más rápido, sobre todo en lo que se refiere al relevo de los responsables de la entidad --lo que no sucedió hasta más de un año después-- y en el nombramiento de nuevos consejeros, como le permitía la legislación.
Así hubiera evitado "llegar a una situación que supuso un perjuicio" para la entidad, según consta en las actas de la comisión rectora del FROB. Esta forma de actuar pudo contribuir a "dificultar el cumplimiento" de los objetivos fijados con la intervención de Catalunya Banc y adoptar las soluciones necesarias para resolver su crítica situación, según ha señalado Álvarez de Miranda.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no tiene cuantificado ese perjuicio, tal y como ha reclamado el representante de CiU en la comisión parlamentaria.
El gasto del rescate
El presidente del Tribunal de Cuentas ha cifrado en 107.913 millones de euros el gasto del Estado en el proceso de reestructuración bancaria entre los años 2009 y 2012, de los que 57.004 millones fueron destinados a aportaciones de capital.
En la cantidad totak desembolsada se incluyen todos los cobceptos, desde desembolso de fondos, aportaciones de capital o suscripción de preferentes.
Los grupos parlamentarios de la oposición PSOE, Izquierda Plural y UPD han lamentado que el Tribunal de Cuentas se haya limitado a realizar una fiscalización meramente legalista y haya eludido valorar si el coste y la estrategia empleadas en los procesos de rescate han sido los correctos.
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