El Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en la gestión del Fogasa

El informe fiscalizador que el Tribunal de Cuentas ha realizado sobre el fondo de garantía salarial (Fogasa) correspondiente al año 2013 es demoledor para el contrato que el Ministerio de Empleo realizó con la empresa pública Tragsa. Considera que «no debió realizar esta encomienda de gestión», como se denomina técnicamente al acuerdo, con una empresa cuyas actividades «estaban relacionadas con trabajos agrícolas, ganaderos y de protección del medio ambiente» a la que, según denuncia, se les pagó más por trabajo realizado que a los funcionarios del organismo.

La fiscalización del Fogasa, organismo que se encarga de pagar los despidos a los trabajadores de empresas que se declaran insolventes, muestra lo que durante el año pasado denunciaron los sindicatos: el enorme retraso en estos pagos que llegó a afectar a cerca de 200.000 trabajadores este otoño, y la falta de personal.

La acumulación de expedientes sin resolver, en algunos casos pendientes durante dos años, obligó al departamento que dirige Fátima Báñez a consensuar con las centrales un plan de pago, y mediante un crédito de 940 millones de euros, se abonaron durante cinco días del pasado mes de diciembre los salarios reconocidos en 113.081 expedientes.

DESBLOQUEO

De esta forma se desbloquearon miles de casos y se redujo considerablemente el retraso que denuncia el Tribunal de Cuentas en su informe del 2013. La ministra de Empleo anunció hace un mes la resolución de más de 300.000 expedientes durante todo el año pasado.

El tribunal denuncia que la falta de personal cualificado conlleva una mala gestión en el Fogasa, lo que supondría un «importante riesgo de extravío de documentación». También considera que el número de abogados del organismo es «insuficiente» para la totalidad de juicio que debe afrontar, y deja caer que por ello ha habido alguna sentencia favorable al trabajador que «podría haber sido desfavorable».

La delegación en Tragsa de parte de la gestión no mejoró la situación. Por el contrario, el tribunal asegura que antes de su llegada se aprobaba el 22% más de expedientes, el importe por el trámite que se paga a la empresa supera al que se paga a los funcionarios en tres millones de euros y su personal no está capacitado ni tiene la información adecuada, lo que supone una «dilación innecesaria» en la tramitación.

Estas y otras deficiencias podrían llevar a la anulación de algunas decisiones en caso de que algún trabajador lo denunciara ante la justicia.

El organismo fiscalizador saca a la luz que en el 2013 las deficiencias de comunicación entre el servicio público de empleo estatal (Sepe) y parte de la administración periférica podría haber dado lugar al «pago duplicado de prestaciones». También señala el «escaso» cobro de las deudas de las empresas.