La tragedia de los desahucios y los suicidios

Parece que han sido necesarios unos cuantos suicidios de ciudadanos, a punto de ser desahuciados, para tomar conciencia de la tragedia que se esconde tras cada familia que es expulsada de su hogar. Además, no son pocos los casos en que, tras el desahucio, la deuda sigue acorralando al deudor para siempre.

Pero es que la dimensión del drama en España es espectacular: nos aproximamos a los 400.000 desahucios en los últimos años! Es decir, más de un millón de personas han sido legalmente expulsadas de sus hogares tras un proceso judicial en el que, pese a la mejor de las actitudes de la administración de justicia, el afectado siente que su dignidad desaparece. Y la gran mayoría de los afectados no adquirieron su vivienda para especular, simplemente para vivir. ¿Quién es el responsable de esta hecatombe?

El recurso a la culpa es demasiado fácil y, seguramente, injusto. ¿A quien se la otorgamos? ¿Al legislador, a la entidad bancaria, al juez, al agente judicial, a la fuerza pública...? ¿O al deudor que se dejó llevar por unas expectativas frustradas? Quizás lo más conveniente sería recurrir a la inteligencia para conducir el conflicto.

Algo que no hizo el anterior presidente del Gobierno al responder a la pregunta de si consideraría la dación en pago. Su respuesta fue extraordinaria: «No, porque perjudicaría al sistema financiero». ¿Qué hay tras este mensaje tan contundente? Ni más ni menos que la renuncia absoluta de la política ante la mayor expresión del drama de nuestros días. Una incapacidad que solo podía satisfacer a unos cuantos financieros, y no precisamente a los más sensatos. Ahí tienen los resultados: más de un millón de personas desahuciadas, deudas incobrables e inmuebles sin realizar en los activos de bancos y cajas, y un enorme coste de la administración de justicia que hemos soportado entre todos los ciudadanos.

Es el momento de la política, no de reclamar actitudes bienintencionadas a la banca o de esperar que la justicia actúe a lo Robin Hood. Y parece que no es tan complejo instrumentar alternativas razonables para gestionar el conflicto, lean el informe elaborado por encargo del Consejo General del Poder Judicial. Una buena noticia, pero de sabor agridulce: a quien corresponde afrontar un drama social y económico de esta magnitud es a la política.

Hoy, la prioridad es encauzar la recuperación económica pero, en paralelo, deberíamos avanzar hacia una mejor democracia, la que demandan los ciudadanos.

Hay muchas reformas que, sin costar dinero, responderían a esa inquietud. Renunciando, desde la política, a conducir el drama del desahucio hemos perdido una gran oportunidad. Y, por cierto, tampoco se han escuchado voces desde la sociedad civil.