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Trabajo pendiente

JOAQUÍN TRIGO

Viernes, 22 de febrero del 2013

Desde el cambio de Gobierno se han dado dos procesos simultáneos y contrapuestos. El primero elimina empresas, bancos y cajas, puestos de trabajo -la Seguridad Social pierde 8.500 cotizantes al día- y carga con más impuestos a una población que pierde ingresos. El segundo trata de crear las condiciones para salir de esta situación y para ello se cambió la normativa laboral, se redujeron gastos en sanidad y educación, se recortaron los emolumentos de los funcionarios y empleados del sector público y se hizo lo posible para evitar el incumplimiento de las obligaciones financieras del país.

Lo actuado hasta ahora ha facilitado la reducción del coste de la deuda externa, aunque sigue siendo elevado, no se ha iniciado una reducción de su cuantía y falta financiación para empresas, familias y administraciones. Hay muchos gastos que pueden y deben reducirse. Así, las comunidades autónomas mantienen 166 embajadas que se suman a las de España. ¿Son útiles? ¿Se justifica mantenerlas? Al menos se mejora la cooperación y se trata de integrarlas en las embajadas, aunque un par de autonomías son reticentes.

Las administraciones públicas pueden y deben ser más precisas, rápidas, eficaces y sobrias. Sobre eso hay consenso, pero para hacer las cosas bien, hay que rebajar costes y dar más servicios a los ciudadanos. La agrupación de entidades y la concentración de actividades pueden hacer que muchos pueblos tengan más prestaciones, por ejemplo en cuanto a gestionar la formación de niños y jóvenes, prevención de incendios y servicios de bombero, entre otras muchas cosas.

La comisión para la reforma de las administraciones públicas tiene por delante un trabajo ingente que, por el bien del país, conviene que sea riguroso y, en lo posible, rápido.

Con independencia del trabajo de estas comisiones para las reformas, las administraciones públicas han de profundizar en la eficiencia de sus efectivos para mejorar la calidad y rapidez de sus actividades, reducir las cargas de tiempo y costes impuestos a los ciudadanos. La continuidad es una lacra que nos empobrece y las cargas que se pagan sin aportar contrapartidas son impropias de un pueblo libre.

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