Alrededor de un tercio de los cierres de empresas se produce en España por la morosidad. El secretario general de la patronal Pimec, Antoni Cañete, ha asegurado que las demoras en los pagos y los impagos ya era “un cáncer” que existía antes del estallido de la crisis. Pero este se paliaba con el crédito que, una vez restringido, ha convertido el tumor en “metástasis”.

Cañete ha destacado que este problema reduce la viabilidad y competitividad de las empresas españolas que, para financiar las demoras en los cobros, cuando consiguen crédito, han de pagar “el 8%, el 9% y hasta el 10%” a los bancos. A pesar de las nuevas normas que en España “se han aplicado tarde y mal”, según Cañete, los plazos medios de pago entre empresas son de 102 días y los de las administraciones, de 167 días, que son más del cuádruple que en los países nórdicos y más del triple que en los países centrales europeos, como Francia o Alemania. La ley contra la morosidad preveía que este año las empresas pagaran ya en un máximo de 75 días y las administraciones, en 40.

Lejos de mejorar, la ratio de impagos en España ha subido del 5,1% en el 2010 al 7,1% en el 2011. Pimec ha elaborado un estudio que revela que el plazo en el pago entre empresas fue en el 2010, el primer año completo de aplicación de la ley contra la morosidad, de 96 días frente a 108 días en el conjunto de España.

Peor en la construcción

Según el análisis, basado en datos de empresas con una facturación superior a dos millones de euros, el ramo de la construcción fue el que registró plazos de pago más dilatados (262 días en Catalunya y 251 en España).

Pimec reclama la puesta en marcha de un observatorio de la morosidad como prevé la ley. Sin ello, "el país funciona sin GPS", ha afirmado Cañete. Además propone aplicar "mecanismos no coercitivos", como se implantaron en Francia, como la figura del mediador y otras. Todo ello ha permitido reducir los plazos medios de pago en ese país de 64 días en el 2009 a 48 días, según los últimos datos. También reclaman la compensación de créditos fiscales y aprobar un régimen sancionador por incumplimiento de plazos de pago.