Tercer sector, democracia local y Estado del bienestar

El tercer sector se define como un conjunto de iniciativas promovidas voluntariamente por los ciudadanos con el objetivo explícito de beneficiar a la comunidad. Son organizaciones que se caracterizan preferentemente por disponer de un gobierno democrático, alto nivel de autonomía en la toma de decisiones y no distribución o distribución limitada de beneficios. A lo largo de toda su historia, las organizaciones del tercer sector han venido realizando funciones de redistribución. Una segunda función ha sido la de actor político. Este artículo centra su atención en una tercera función: la de ser productor y prestador de servicios públicos dirigidos a la comunidad local.

Las diferentes relaciones que se establecen entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno son dinámicas, evolucionan en el tiempo y en cada momento coexisten todas ellas. Sin embargo, son dos las funciones principales que el tercer sector desempeña en su relación con el Estado de bienestar: una, de suplencia, y otra, de colaboración. La función de suplencia surge cuando las organizaciones de la sociedad civil actúan y prestan servicios sin establecer alianza estratégica con el Gobierno; la función de colaboración, cuando el tercer sector y el Gobierno crean relaciones estables de cooperación.

Con la construcción del Estado del bienestar, la cooperación se ha convertido en la relación dominante entre tercer sector y Gobierno en el ámbito de la prestación de servicios públicos a la comunidad local. La no distribución o distribución limitada de beneficios, la habilidad para movilizar recursos captando donaciones en tiempo y en dinero de la comunidad, la capacidad para atraer recursos humanos y de capital a bajo coste, la elevada flexibilidad laboral -que permite producir y prestar servicios con menor coste y mayor calidad- son algunas de las características de las organizaciones del tercer sector que hacen que el Gobierno las perciba como colaboradoras en la prestación de servicios complementarios a la gestión pública directa.

Crecimiento a partir de los 80

En Europa existe una diversidad notable de relaciones de cooperación entre Gobierno y organizaciones del tercer sector. Los diferentes tipos de bienestar y la legislación existente en cada país son variables que determinan la intensidad y características de esta cooperación. En España, como resultado de esta colaboración entre tercer sector y Gobierno, se registra un fuerte crecimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro a partir de los años 80, con la construcción del actual modelo del Estado del bienestar. En la actualidad, el número de asociaciones, cooperativas y fundaciones activas es de 172.323. De este total, el 83% son asociaciones; el 12%, cooperativas, y el 5%, fundaciones.

En el actual escenario de crecientes demandas sociales y continuos ajustes fiscales, el tercer sector  ha intensificado su función de complemento y está amortiguando los impactos negativos que genera la cohabitación de altas tasas de desempleo y ajustes fiscales. En España, a partir del 2010, nacen movimientos sociales y urbanos como respuesta de la población al hartazgo por la crisis. Sin embargo, la alianza estratégica entre tercer sector y Estado del bienestar se fortalece. La tensión entre tercer sector y Gobierno aumenta, pero el tercer sector acentúa su función de complemento al Ejecutivo. Para ayudar a amortiguar las consecuencias del aumento de las demandas sociales en un contexto de austeridad fiscal, el tercer sector ha intensificado su habilidad para movilizar recursos fomentando el trabajo voluntario, el micromecenazgo, el microcrédito y el fortalecimiento de experiencias de cogestión entre organizaciones sin ánimo de lucro y administraciones públicas en el ámbito autonómico y municipal.

En estos momentos de fuerte necesidad es cuando mejor se percibe la importantísima función que realizan las organizaciones del tercer sector. Este comportamiento en momentos realmente difíciles pone en cuestión la teoría de la nueva gestión pública, y empiezan a surgir análisis que proponen construir relaciones sistémicas entre las organizaciones del tercer sector y el Gobierno. La cogestión debe formar parte de un nuevo sistema de cogobierno que se denomina nueva gobernanza pública: construcción de un verdadero sistema de relaciones entre socios iguales. No va a ser fácil que el Gobierno acepte el cogobierno. La nueva gestión pública no está muerta. Ahora bien, el Gobierno debe estimar el valor social que aportan las organizaciones del tercer sector más allá de su valor económico como proveedor leal en la prestación de servicios públicos.