DECISIÓN JUDICIAL

El TC mantiene suspendida la ley de centros comerciales en Catalunya

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid.

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid. / periodico

MARGARITA BATALLAS / MADRID

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El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión a la ley catalana de establecimientos comerciales, a pesar de que la Generalitat y el Parlament le pidieron el pasado mes de noviembre que la levantara después de haberla acordado el pasado octubre. Los jueces avanzan que esta ley es similar a la del 2013 que fue anulada por este tribunal por restringir la actividad económica.

La nueva ley fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy que pidió la suspensión de la misma. El alto tribunal la dejó en suspenso cinco meses, pero no ha cumplido este plazo a petición del Govern y del Parlament. El Abogado del Estado solicitó que se mantuviera esta suspensión y aportó un informe redactado por el Ministerio de Economía sobre el sector del comercio en Catalunya.

LOS DATOS

En este dictamen se explica que en esta Comunidad Autónoma se ha producido un descenso del número de establecimientos al por menor de 108.242 en el 2000 a 94.982 en el 2014. Y que la tendencia indica que este sector va a seguir bajando en los proximos años si se mantiene "la norma impugnada porque restringe la actividad comercial".

También informa que en el periodo del 2002 a 2014 los puestos ocupados crecieron un 1,6 puntos por debajo de la media española mientras que el índice de precios al consumo creció 5,3 puntos por encima de la media española. Además, comparada la situación de Catalunya con Madrid se percibe que la primera tiene mayor densidad de locales pequeños y menor de locales de grandes establecimientos. 

El Gobierno sostiene que esta situación se debe a las dificultades de los grandes centros comerciales"para implantarse fuera de las tramas urbanas consolidadas, ya que dentro de las mismas existen limitaciones por razones de espacio". El Abogado del Estado sostiene que esta situación no se produce en el resto del Estado que cuenta con una mayor "dinamización y en consecuencia con una mayor liberalización".

Además, el alto tribunal explica que el decreto impugnado es muy "similar" a la ley que ya declaró insconstitucional en el 2013. Por ello, mantiene la suspensión hasta que dicte sentencia.