Suerte que tenemos jueces con hipotecas

No pasa semana en la que no haya una u otra noticia relacionada con problemas legales con las hipotecas, abusos con cláusulas suelo, de vencimiento anticipadovencimiento anticipado, de falta de transparencia a la hora de concretar los intereses ordinarios que se cobrarán por el préstamo (incluidos los de demora)…La lista se va alargando cada vez que los tribunales europeos se pronuncian sobre cuestiones prejudiciales que les plantean los jueces de aquí respecto a la legislación hipotecaria española y su encaje en las directivas europeas, de mayor rango legal.

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Tenemos la suerte de que muchos jueces, y su entorno, como la mayoría de ciudadanos tienen hipotecas y algunos de ellos, además, el valor y la voluntad de aclarar dudas sobre una normativa que cada día que pasa se demuestra menos respetuosa  con los derechos de los consumidores. Abrió la veda, de hecho, el juez de Barcelona José María Fernández Seijo, al instar una cuestión prejudicial ante la posible colisión entre una condición contractual de una hipoteca que se utilizó para instar a un desahucio y la directiva de 1993 sobre cláusulas abusivas, conocido como el ‘caso Aziz’. Aquella sentencia del Tribunal de la UE abrió los ojos a muchos jueces ante la claridad de la citada directiva y ha sido la base de la mayoría de demandas contra la banca por cláusulas abusivas.

Ahora parece muy claro que las entidades financieras abusaron en muchos casos de la buena fe de sus clientes. Pero en realidad, lo que hicieron fue aplicar una legislación que prácticamente nadie había cuestionado hasta hace pocos años. Ante tantos varapalos judiciales, el Gobierno se ha planteado realizar una reforma a fondo de la ley hipotecaria. Más vale tarde que nunca, pero en este caso llega realmente con mucho retraso y con un coste muy elevado para la sociedad en su conjunto. Primero, para los hipotecados que fueron desahuciados en base a la aplicación de unas cláusulas que ahora resulta que eran ilegales. Después, para los propios bancos, que deberán devolver lo cobrado de más por unos contratos que en su momento parecían legales, con el consiguiente coste para su reputación y para sus arcas. Y también para el erario público, porque para resolver toda esta marea de litigios será necesario incluso reforzar los juzgados.

Con el lío de las hipotecas, a los políticos responsables de ese desaguisado legal, ya sea por hacer mal las leyes en su momento  o por no cambiar las que no se ajustan al derecho europeo,  o incluso, como ha pasado aquí, por realizar cambios exigidos por las autoridades de la UE y verse obligados a rectificar de nuevo por proteger poco al cliente, a esos políticos se les debería exigir que purgasen su parte de culpa y que se dedicasen a otra cosa.