El SOC cancela cursos y reubica a parados tras endurecer el reciclaje

La gestión de los cursos de formación para desempleados se ha convertido en un reto. En un momento en el que hay un récord en el número de parados, los cambios introducidos por la Generalitat en los requisitos para inscribirse en algunos cursos se han convertido en un muro para muchos desocupados. La consecuencia ha sido la cancelación de algunos cursos por falta de alumnos que cumplieran las exigencias de formación previa y el desplazamiento de desempleados entre centros colaboradores y municipios para llenar las aulas, según reconoce el Govern.

A principios de este año, los centros a los que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) subcontrata habitualmente la formación ocupacional trasladaron al departamento de Empresa i Ocupació las grandes dificultades que tenían para encontrar alumnos que cumplieran los exigentes requisitos que había puesto el Govern.

PREPARACIÓN PREVIA / «Para algunos cursos como el de auxiliar de enfermería para geriátricos, los alumnos candidatos necesitaban tener una formación inicial que incluso superaba la del propio curso al que querían apuntarse», indicó el responsable de uno de los centros colaboradores afectados. Para el curso mencionado de auxiliar de enfermería en geriatría, era necesario contar con un título de FP1 o de técnico en grado medio en curas de auxiliar de enfermería.

Las condiciones exigidas «no son nuevas», según la secretaria de Ocupació y directora del SOC. Esther Sànchez. «La normativa estatal -añade- ya regulaba esos requisitos de acceso a cursos que permiten la obtención de certificado. Pero algunas entidades no los cumplían».

FILTRO PREVIO / En la última convocatoria para conceder los cursos de formación a los centros colaboradores, el Govern incorporó explícitamente el filtro previo que debían satisfacer los alumnos candidatos.

A la vista de los problemas detectados para conseguir alumnos, el SOC puso en marcha un dispositivo especial con un buzón de correo electrónico para gestionar las «incidencias», según consta en una nota informativa del Servei. En la misma, se informaba a los centros de que el objetivo era «recoger estos casos para evaluar medidas de alcance general por especialidades o específicas para cada caso».

La solución ofrecida fue trasladar a parados que cumplieran los requisitos para los cursos en peligro entre centros y poblaciones. Según Esther Sànchez, «esta respuesta redujo la cifra de cursos cancelados a un volumen absolutamente marginal».

PARADOS AFECTADOS / Algunos de los centros afectados consideran que la cifra de cursos cancelados por la imposibilidad de cumplir con un mínimo de alumnos es algo más que marginal. Los principales afectados son, según las mismas fuentes, los parados con menos formación o los que quieren cambiar de actividad para reciclarse y buscar una salida alternativa a la falta de empleo. Además, en los casos de cursos cancelados, los centros han tenido que devolver a la Generalitat la cantidad adelantada para gestionar las clases.

Fuentes de la Federación Empresarial de Formación CatFormació destacaron la situación de «importantes dificultades» para muchos centros generada por la demanda de titulación de FP para asistir a cursos, aunque añaden que los problemas «se han ido solucionando».

Los sindicatos también advirtieron a la Generalitat de que la mayor exigencia en la práctica para seleccionar los alumnos dejaría fuera a un gran número de solicitantes.

Al problema causado por los cambios introducidos por el Govern se añadirá este año el efecto del recorte de fondos del 21% en las políticas activas de empleo anunciado por el Ejecutivo central. El reparto por comunidades autónomas se conocerá finalmente el próximo día 21 en la conferencia sectorial anunciada por el Ministerio de Trabajo después de varias desconvocatorias.

Previamente, Esther Sànchez negociará esta semana algunas medidas para suavizar el impacto por la pérdida de 258 millones en el Presupuesto del 2012. Una de ellas es la reducción de sueldo y jornada de un 15% en los orientadores laborales para alargar sus contratos. De momento, 150 de los 300 profesionales de apoyo a los parados seguirán trabajando más allá de junio, cuando tenía que acabar su contrato debido al recorte.