Sindicatos y patronales podrían quedarse sin su capacidad de influencia en la gestión de los cursos de formación para ocupados y parados, lo que, a la práctica, significa renunciar a una parte de un presupuesto que el pasado año ascendió a 85 millones de euros. Es otro de los efectos de la reforma laboral del Gobierno.

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Información publicada en la página 22 de la sección de Economía de la edición impresa del día 21 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La norma que fue aprobada por el Consejo de Ministros y que ahora se tramitará en el Congreso modifica la ley 56/2003 de empleo. En ella se especificaba, en el apartado de formación profesional para el trabajo, que «en el diseño y planificación del subsistema de formación profesional para el empleo» participarían «las organizaciones empresariales y sindicales más representativas». Así había sido hasta ahora: la Generalitat destinaba cierta cantidad de fondos para la formación continua que se repartían entre los principales agentes sociales (sindicatos y patronales) proporcionalmente a su representatividad. Después, los agentes sociales elegían el destino de estos fondos (qué cursos, dónde, cuánta gente) y los ejecutaban.

DISCUSIÓN / «Ya hace años que era un tema que estaba en debate, pues éramos juez y parte: repartíamos los fondos y, además, ejecutábamos estos cursos», asegura la secretaria de Socioeconomía de CCOO de Catalunya, Cristina Faciaben. «Sin embargo, sindicatos y patronales somos los que mejor conocemos las empresas, sus necesidades, dónde es mejor actuar, por lo que era lógico», agrega. La reforma cambia la redacción y añade al texto otro actor: «los centros y entidades de formación debidamente acreditados». Es decir: el poder de gestionar e impartir estos cursos quedará más dividido.

La directora de Foment Formació, Maria Dolors Giner, considera «positivo» que la ejecución de la formación pase a manos de «entidades preparadas para ello», pero emplaza a las negociaciones y a la redacción final para ver cuál será el papel de cada uno (el proceso podría alargarse más allá del trámite parlamentario). «No somos contrarios a que otros ejecuten los cursos. El problema es si lo que finalmente se consigue es rebajar la calidad de la formación», asegura Adela Carrió, de UGT.