Sindicatos y patronal acusan el golpe de las tarjetas de Caja Madrid

Con un goteo persistente, la corrupción ha alcanzado a los agentes sociales y ha taladrado su credibilidad. Los ERE de Andalucía, los cursos de formación de la Comunidad de Madrid, los delitos de Gerardo Díaz Ferrán y el consiguiente hundimiento de sus empresas, la quiebra de la mayoría de las cajas de ahorro de toda España en cuyos consejos de administración se sentaban representantes de CCOO, UGT y CEOE, y ahora las tarjetas opacas de Caja Madrid, han mostrado que quienes tienen la obligación de fijar las reglas de juego del mercado laboral y las condiciones de trabajo no guardan las debidas cautelas.

El escándalo de las tarjetas de Caja Madrid ha provocada una gran alarma social. Y consta que 11 sindicalistas las tenían y las usaron, a lo que se suma el caso del histórico líder minero asturiano José Ángel Fernández Villa para escarnio sindical. «No vamos a transigir con este tipo de prácticas», clamaron Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez hace una semana. No obstante han reconocido que esta situación de sospecha continua frena, cuando no paraliza, el trabajo de las cúpulas sindicales, ahora inmersas en el diálogo social. Pero, en todo caso, la respuesta de los sindicatos y de los empresarios está siendo muy diferente.

Los dos dirigentes de Madrid Rodolfo Benito (CCOO) y José Ricardo Martínez (UGT) presentaron voluntariamente la baja como afiliados, dieron las primeras explicaciones de urgencia y devolvieron el dinero. Los demás, la mayoría sin cargos en las centrales, serán apartados en los próximos días. Ambos sindicatos se dieron un plazo de dos semanas para realizar la investigación.

EN MANOS DE GAY DE MONTELLÀ

En la CEOE todo es más lento y no lleva a las mismas conclusiones, por ahora. La comisión de régimen interno, que preside Joaquim Gay de Montellà, se reune hoy, martes, por la tarde para debatir el caso de las tarjetas de Caja Madrid ya que Arturo Fernández gastó 37.300 euros con su tarjeta opaca. Con toda probabilidad esta comisión trasladará un informe a la junta directiva de la patronal, que se reune este miércoles.

Fernández y otros miembros de CEIM, como Miguel Corsini y Javier López Madrid, han devuelto el dinero que gastaron, pero la presión para que el primero dimita es muy fuerte. Algunos críticos con su gestión recuerdan que incumple el código ético de la organización, que dice: «Todos los afectados por este código deben evitar cualquier conducta que, aún sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la CEOE y afectar de forma negativa a sus intereses».

Fernández se resiste a dimitir porque, según argumentó hace unos días, desconocía que las tarjetas se ocultaban al fisco. Pese al apoyo unánime que le dio la cúpula de la CEIM hace una semana, tiene previsto, en la reunión de la directiva de esta organización de esta tarde, pedir otra vez un voto de confianza para cumplir los proyectos que tiene para su mandato de cuatro años recién estrenado, ya que fue reelegido en marzo pasado. Pero para calmar los ánimos informará de su intención de no volver a presentarse a la presidencia de la patronal madrileña.

Otro empresario, Juan Iranzo, que la semana pasada dimitió del Consejo Económico y Social (CES) donde era vocal elegido por el Gobierno, dimitió ayer del consejo de Red Eléctrica (REE), aunque se mantiene en el de Fertiberia.

El juez Fernando Andreu, que el jueves tomará declaración a Miguel Blesa, Rodrigo Rato e Ildefonso Barcoj, rechazó la petición de UPyD (una de las acusaciones) de imputar a los 80 consejeros y directivos de Caja Madrid hasta conocer el contenido del informe que tienen pendiente realizar peritos del Banco de España.