FINAL DE UN LARGO ESCÁNDALO EMPRESARIAL
La sentencia por el fraude en Grand Tibidabo ya es definitiva
Los accionistas podrán reclamar ahora por la vía civil y recuperar el dinero
El proceso penal por la descapitalización de Gran Tibidabo ha llegado a su fin, tras más de 13 años de trámites judiciales. El abogado del Estado, en representación de Hacienda, no ha recurrido la sentencia dictada el pasado febrero contra el financiero Javier de la Rosa, al que se le impuso tres años de cárcel, y contra otras cinco personas por participar en la apropiación de 68 millones de euros de la compañía. Por ello, la Audiencia de Barcelona ha declarado firme la resolución judicial.
El auto de firmeza permitirá que los pequeños accionistas de Grand Tibidabo que resultaron perjudicados --se calcula que unas 10.000 personas-- comiencen a reclamar por la vía de la jurisdicción civil y puedan recuperar parte del dinero que perdieron por la expoliación de la empresa cuando Javier de la Rosa era su presidente, hasta 1993. La sentencia lo expresaba taxativamente: "Las consecuencias que realmente están en juego no son otras que si el ingente número de perjudicados podrán, después de años de espera, recuperar parte de los ahorros perdidos con los despojos que actualmente quedan en dicha sociedad".
En la sentencia se recogía en síntesis el acuerdo alcanzado antes del juicio por la fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas, y rechazaba la tesis de la Abogacía del Estado de la existencia de un presunto fraude fiscal. También declaraba la expresa reserva al ejercicio de acciones civiles en favor de las acusaciones particulares personadas en el proceso y que defienden los intereses de los accionistas perjudicados.
LA ESPERANZA
Es decir, los afectados cuentan ahora con una sentencia donde se declaran probadas las maniobras ilegales realizadas por los que ocupaban puestos de responsabilidad en la compañía y podrán reclamarles las indemnizaciones que corresponden. Su esperanza es percibir parte de los 13 millones de euros depositados en el juzgado que tramita la quiebra de la empresa.
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