Europa interviene el Banco Popular y lo vende al Santander por un euro

El Popular, un banco fundado hace 91 años e históricamente ligado al Opus Dei, ha dejado de existir como tal este martes por las equivocaciones de sus gestores (una carga inmobiliaria inasumible, así como retrasos y errores al comunicar su estrategia para digerirla) y por las luchas intestinas en su accionariado. Las autoridades bancarias de la Unión Europea han decidido de forma fulminante intervenir la entidad y venderla al Santander por un euro con efecto inmediato para que los clientes puedan seguir operando con normalidad.

El objetivo de esta operación, según han explicado los organismos públicos, es "atajar los problemas derivados de la inviabilidad de Banco Popular, garantizar la continuidad de las actividades desarrolladas por la entidad y proteger a los depositantes", así como lograr la "ausencia de impacto para las finanzas públicas", ya que no se han concedido ayudas públicas españolas o europeas.

Se trata de la primera ocasión desde la creación de la Unión Bancaria en que las autoridades comunitarias, en lugar de las nacionales, intervienen y resuelven la situación de un banco con problemas. Según ha comunicado a primera hora de la mañana de este miércoles, el Banco Central Europeo (BCE) lo declaró "inviable o con probabilidad de inviabilidad" este martes, debido a que la fuga de depósitos de los últimos meses, y particularmente días, "habría hecho que, en el futuro cercano, la entidad fuera incapaz de pagar sus deudas y otros pasivos".

La decisión del BCE llevó al Mecanismo Único de Resolución (MUR), tras la aprobación de la Comisión Europea, a intervenir el banco. Para recapitalizar la entidad, ha impuesto que los accionistas del Popular y los dueños de deuda convertible en acciones y subordinada pierdan todo su dinero, no así los propietarios de la deuda senior. "La operación se realiza sin comprometer recursos públicos, ni afectar a ningún acreedor ordinario ni depósito", han resaltado las autoridades.

SIN AYUDA PÚBLICAS

La normativa europea hubiera permitido imponer pérdidas a estos dos últimos colectivos (en el caso de los depósitos, a aquellos superiores a 100.000 euros) o incluso aportar ayudas públicas, pero no ha sido necesario por las reservas con que contaba el banco y por las pérdidas asumidas por accionistas y parte de los acreedores. "Las herramientas dadas a las autoridades de resolución tras la crisis son efectivas para proteger el dinero de los contribuyentes de la necesidad de rescatar bancos", ha resaltado Elke König, presidenta de la junta que dirige el MUR, en una nota.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como representante español del MUR y con la aprobación del Banco de España, realizó en la noche del martes al miércoles una subasta exprés que ganó el banco presidido por Ana Botín. El Popular había intentado en las últimas semanas venderse por sí mismo y el Santander y Bankia estudiaron sus números, pero ninguna entidad presentó una oferta ya que ello le hubiera obligado a aportar más recursos, para comprar su participación a los accionistas, de los necesarios en caso de intervención.

"Banco Santander se compromete en el contrato de compraventa a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de las actividades, servicios y operaciones de Banco Popular y a proveer la liquidez necesaria para ello", ha destacado el FROB en un comunicado.

PRIMER BANCO DE ESPAÑA

El Santander ha destacado en una nota que con la operación --que supondrá la desaparición de la marca Popular y el cese de su presidente, Emilio Saracho, y del resto del consejo de administración-- se convierte en el primer banco del mercado español por cuota de mercado en créditos (19,5% y 25% en pymes) y depósitos (18,8%), con 17 millones de clientes, superando a CaixaBank y BBVA. Para recapitalizar la entidad adquirida y elevar sus bajas coberturas para afrontar pérdidas inmobiliarias (el gran problema que le ha llevado a la intervención), el banco de origen cántabro hará una ampliación de capital de 7.000 millones de euros, operación que ya está asegurada.

Ello le permitirá hacer 7.900 millones en provisiones (7.200 millones para activos inmobiliarios), lo que supondrá elevar las coberturas para pérdidas ligadas al ladrillo del 45% al 69%, muy por encima de la media del sector del 52%. El impacto en el capital del Santander, gracias a la ampliación, será neutro y el banco mantiene su objetivo de llegar al 11% en el 2018. 

El grupo prevé que la operación le genere un retorno sobre la inversión de entre el 13 y el 14% en el 2020 y un aumento del beneficio por acción en el 2019. La entidad resultante ahorrará costes por valor de 500 millones de euros a partir del 2020, lo que con toda probabilidad implica ajuste de personal y oficinas.