Ruz cumple la orden del Supremo y sienta en el banquillo a presidente de Damm
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha cerrado la investigación contra Demetrio Carceller por delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha cerrado la investigación contra el presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, al que ha sentado en el banquillo de los acusados por delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, tal y como ordenó el Supremo.
En un auto, en el que modifica la causa en procedimiento abreviado, dando el primer paso para la celebración de la vista oral, Ruz considera que existen indicios para juzgar al presidente de la cervecera y a su padre, Demetrio Carceller Coll, para los que la Fiscalía ya anunció que pediría 14 y 48 años y medio, respectivamente.
Para los otros dos imputados, el "hombre de confianza" de Carceller Coll, José Luis Serrano Flórez, y al abogado del despacho Petrus Gabriel Ignacio Pretus Labayen, el Ministerio Público llegó a reclamar 19 y 42 años. Ruz señala que ha quedado indiciarianente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF), de patrimonio y de sucesiones.
Esconder rentas
Al menos desde el año 90, explica, Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de esconder sus rentas y patrimonio a Hacienda mediante estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en las diversas sociedades controladas por él las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando".
En los ocho años investigados, de 2001 a 2009, la cuota diferencial, según los informes de Hacienda, supera los 66 millones de euros, por lo que el juez señala que debe perseguirse el delito contra la Hacienda Pública. De esta forma, el magistrado ha cerrado la investigación una vez que el Supremo anuló, el pasado 8 de julio, el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que había archivado la causa para el presidente de Damm, estimando así los recursos que la Fiscalía y la Abogacía del Estado habían interpuesto contra esta decisión.
En su sentencia, el Supremo daba la razón a Ruz, que dirigió el procedimiento contra Carceller Arce antes del archivo de la causa por la sala, argumentando que éste había participado activamente en la gestión del patrimonio de su padre, "especialmente en las inversiones en Arizona, articulando junto con los otros imputados, las estructuras societarias para ocultar todas las rentas generadas".
También apuntaba el Supremo a que el presidente de Damm "intervino en la creación de la estructura para canalizar y ocultar las inversiones de su padre en centros comerciales de Arizona mediante la creación de sociedades en las Antillas Holandesas". Además, el juez ha cumplido la orden que le dio la Sala y que fue avalada por el Alto Tribunal de realizar una prueba pericial que solicitó Carceller Coll, pero esgrime que esta prueba no modifica su conclusión porque en nada "desvirtúan" las afirmaciones de los informes de Hacienda. Por último, da un plazo de 20 días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral.
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