La repera patatera nacional

España es la repera. No la repera limonera, como se suele decir. Sino la repera patatera, que debe de ser un grado superlativo del estado natural de la repera. Y esta semana lo hemos podido comprobar de forma fehaciente gracias a la esperada intervención del director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quien con unas formas un tanto chuscas y un tono inquietante reveló el pasado martes: «Yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera. La repera patatera». Para a continuación declarar que, de publicar la lista de los 715 altos funcionarios investigados por presunto delito de blanqueo de dinero, nada de nada, o sea que cero patatero (o limonero). «Mi obligación es cumplir la ley y tratar a todos los contribuyentes por igual», dijo el primera espada de la Agencia Tributaria que fiscaliza a todos los españoles que ahora precisamente se afanan en hacer sus declaraciones de la renta del 2014.

Menéndez obvió explicar cómo se ha filtrado precisamente ahora el nombre de Rodrigo Rato de entre la lista de los 715 presuntos delincuentes fiscales extraída de la escandalosa amnistía fiscal del 2012. Si las bases de datos de la Agencia Tributaria son la repera patatera, ¿cómo es que se les ha escapado el expediente de uno de los investigados? Y la intriga no termina ahí. El ministro de Economía, Luis de Guindos, también añadió su dosis de suspense al relato. El Sepblac ya ha cribado la lista de los 715 vips que acudieron a la amnistía y ya tiene una lista completa de los que sí habrían presuntamente blanqueado, todos ellos altos cargos de la administración como políticos, magistrados o altos funcionarios. Guindos fue un poco más modesto y no se arrancó a declarar que su lista es la repera patatera. Pero lo cierto es que lo es. Y por este motivo crece la presión social para que el Gobierno la haga pública, pese a las negativas de Mariano Rajoy.

El debate ya trasciende el concepto de legalidad, para abrazar el de la ética. La amnistía fiscal fue legal porque el Gobierno del PP la aprobó por ley. Pero si políticos, altos funcionarios o magistrados mantenían ocultos bajo el colchón de su casa o en cuentas en Suiza o Gibraltar decenas de millones de euros no declarados al fisco que afloraron en la amnistía fiscal, el escándalo socava los cimientos de la democracia. Si además de declarar este dinero con una multa mínima estos altos cargos concurren a las elecciones municipales, autonómicas o generales, los españoles desde luego no pueden sentirse nada tranquilos. Y si encima se le añade la sospecha de que esos fondos puedan proceder de actividades ilícitas, eso sí ya es la repera patatera nacional para vergüenza de todos.