La rebaja fiscal nace coja porque las autonomías carecen de fondos

ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Congreso de los Diputados aprobó ayer de forma definitiva la reforma fiscal con la que el Gobierno del PP pretende devolver a los contribuyentes parte de los incrementos fiscales acometidos desde su llegada al Gobierno antes de que dé comienzo la triple cita electoral del 2015.

Según el Gobierno, la reforma fiscal supondrá una rebaja de impuestos para 20 millones de contribuyentes y pondrá en sus manos una mayor renta disponible por 9.000 millones de euros en dos años.

Pero la rebaja fiscal no podrá ser tal, por mucho que el Gobierno insista en esa cifra, ya que ni todas las comunidades van a aplicar en su tramo autonómico del IRPF la mitad de la rebaja fiscal que está en sus manos (caso de Catalunya o Andalucía); ni todas las que han anunciado que van a bajar su impuesto lo van a hacer en la misma proporción que el Gobierno. La razón es que ni las unas ni las otras se pueden permitir apretar a fondo el acelerador por su situación financiera y sus niveles de déficit público.

También es cierto que hay tres comunidades -Madrid, Canarias y Cantabria-, las tres del PP, que no solo van a replicar la rebaja estatal en su tramo autonómico, sino que van a ir un poco más lejos.

«ES NORMAL», DICE MONTORO

«Podrá haber diferencias significativas entre unas comunidades y otras, es normal», admitió ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al ser preguntado sobre la posibilidad de que la reforma fiscal nazca «coja». «Tenemos que respetar la decisión de cada comunidad y cada una está en una posición financiera distinta para poder acometer una modificación fiscal», añadió.

Con todo, según el ministro, el cálculo de 9.000 millones de rebaja fiscal está estimado para los dos años en que de forma gradual entrará en vigor la reforma, el 2015 y el 2016. «Y seguramente en el 2016 habrá una situación muy diferente» de recuperación económica y con un posible nuevo sistema de financiación autonómica que, según el ministro, podrían dar oxígeno a las autonomías para agotar la reforma.

De momento no es así, y en el 2015 habrá comunidades donde sus contribuyentes con rentas más bajas paguen en total el 22% (como Catalunya o Andalucía) y otras donde pagarán el 19,5% (como Madrid, Canarias y Cantabria). Algo parecido pasará con los tipos máximos, para las rentas más altas, que en el 2015 oscilará entre el 49% de Catalunya o Andalucía (frente al 56% actual) o el 44,5% de Madrid.

El nuevo IRPF aprobado ayer por el Congreso establece una tarifa con cinco tramos y tipos entre el 20% para las rentas más bajas y el 47%, a partir de 60.000 euros. Estos tipos serán del 19% y el 45% en el 2016.

Pero el Estado solo tiene potestad sobre la mitad de esta tarifa (entre el 10% y el 23,% para el 2015 y entre el 9,5% y el 22,5% para el 2016). No tiene control sobre la otra mitad (el tramo autonómico).

Y hay algunas, como Madrid, que han dicho que en el 2015 no solo bajarán su parte de la tarifa, sino que lo harán de forma más intensa que el Gobierno y situarán su tipo mínimo en el 9,5%, frente al 10% del tramo estatal (19,5% en total). Hay otras, como Catalunya, que entienden que no se pueden permitir tal pérdida de recursos y han anunciado que mantendrán intacto su tramo autonómico en el 2015, entre el 12% y el 25%.

Así, todos los contribuyentes se podrán beneficiar al menos de la mitad de la rebaja fiscal (la parte del Estado), aunque la parte autonómica será dispar.

La reforma fiscal afecta al IRPF, al impuesto de Sociedades y al IVA. Ayer el Congreso votó los cambios introducidos en el Senado, con diferentes mayorías en cada caso. Tras su aprobación definitiva, Hacienda dispone ahora de las próximas semanas para ultimar los reglamentos y decretos que deben permitir que la reforma se pueda aplicar desde el 1 de enero y que se note ya en las nóminas del primer me.

«La reforma significa una subida de salarios para todos los trabajadores y funcionarios a partir de enero, a través de unas menores retenciones a cuenta del impuesto», valoró ayer Montoro. «También significa un impulso para las empresas y su capacidad de invertir», añadió. El estímulo del consumo y de la inversión que el Gobierno atribuye a la reforma harán posible un crecimiento adicional del PIB del 0,55% según las estimaciones oficiales.