Rodrigo Rato, expresidente de Bankia a quien el Gobierno forzó a dimitir, tenía ayer dos opciones para explicar la debacle de la entidad, una de las claves de que España esté al borde de la intervención. Podía, así, cuestionar al ministro de Economía, Luis de Guindos, con quien ha protagonizado un soterrado enfrentamiento estos meses. En cambio, tomó la otra vía: evitar el ataque al Ejecutivo de sus correligionarios del PP y culpar exclusivamente a la recesión y, sobre todo, al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
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La comparecencia del exvicepresidente del Gobierno de Aznar en el Congreso ejemplificó que la cámara está fracasando en fijar las causas de la crisis bancaria que ha dejado, junto al déficit público, a España al borde del colapso financiero. «¿Cómo es posible que haciendo hecho todos las cosas tan estupendamente la situación sea tan desastrosa?», acertó a resumir Joan Coscubiella (ICV).
El común denominador de los seis comparecientes ha sido que su gestión fue impecable y que la responsabilidad es del contexto económico, de otras personas, o de ambas cosas. Rato, sin ir más lejos, se congratuló de haber hecho las cosas «bien» y de que su gestión se realizó «conforme a la ley y sin coste para el contribuyente», soslayando que Bankia recibió 4.465 millones de euros en préstamos del Estado y que, tras su salida, ha sido nacionalizada y va a requerir un rescate público de más de 23.000 millones.
FUSIÓN FORZADA / El exdirector gerente del FMI guardó sus mayores dardos para Fernández Ordóñez quien, paradójicamente, el martes lamentó su salida de la entidad. Rato reveló que el exgobernador le convocó «con urgencia» a una reunión el 2 de junio del 2010 con el presidente de Bancaja, José Luis Olivas. «Nos pidió que Bancaja se incorporase al SIP (fusión fría de Caja Madrid con cinco cajas más pequeñas) y nos conminó a negociarlo rápidamente», aseguró sobre una operación a la que se culpa de la caída de Bankia.
Luego escondió la mano y aseguró que no fue «forzado» a la fusión. Pero la intención ya estaba clara: «El Banco de España nos tranquilizó sobre la situación de Bancaja y el nivel de riesgo de la entidad». También lanzó puyas a la auditora Deloitte, que desencadenó su salida de la entidad al negarse a firmar las cuentas del 2011 y a la que acusó de no haber puesto ninguna pega hasta que Guindos empezó a presionarle.
Tampoco se libró el Gobierno de Zapatero, al que responsabilizó de no dejarle otra alternativa que sacar el banco a bolsa con su decisión de elevar los requisitos de solvencia del sector, una iniciativa que finalmente se va a saldar previsiblemente con la pérdida de toda la inversión de los accionistas. «Tanto el Gobierno como el Banco de España nos trasladaron su preocupación sobre el impacto que tendría para la imagen de España que la operación no saliera», apostilló.
Rato reveló que, en el momento de su salida, tenía ultimado un plan de saneamiento basado en pedir 7.000 millones en ayudas, a sumar a los 4.465 millones concedidos, pero que le permitiría devolver parte del apoyo durante el año y acabarlo con 6.000 millones en apoyo públicos.
Podría sonar a ataque al Gobierno, teniendo en cuenta que el plan de José Ignacio Goirigolzarri -su sucesor, a quien Guindos aupó al cargo- es mucho más caro y que mostró su desacuerdo con los dos decretos de saneamiento de Guindos. Pero Rato pasó de puntillas por la gestión del Ejecutivo, incluso en lo relativo a su dimisión: «Llegue a la conclusión de que las autoridades no compartían mi plan y no quise ningún enfrentamiento».
Sí se empeñó en demostrar que la reformulación de las cuentas de la entidad (de los 306 millones de ganancias declarados por él a unas pérdidas de 3.030 millones) no se debió a una «ingeniería financiera» para ocultar la realidad de Bankia, sino a la inesperada llegada de la recesión y su impacto en el banco. «No hay un agujero, sino un cambio de criterio contable», afirmó varias veces.