EVOLUCIÓN DEL INTERÉS GENERAL

Conceder no es ceder

Sesión de debate, ayer, en CaixaForum, sobre servicios municipales.

Sesión de debate, ayer, en CaixaForum, sobre servicios municipales.

J.-M. U.
BARCELONA

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Con la suspicacia reinante sobre las actuaciones de políticos y el ventajismo de los proveedores, afirmar que ayer se reunieron dos centenares de gestores públicos y directivos de empresas en las instalaciones de CaixaForum de Montjuïc, para discutir sobre el modelo de contratación del futuro, bastaría para alimentar las sospechas. Es más, existe un portal de internet (ajuntamentimpulsa.cat) de iniciativa privada, que es la plataforma en la que coinciden demandantes públicos y ofertantes, y que convocó la jornada de ayer.

Todo lo contrario. Ya es sabido que la crisis ha dejado a los municipios con las arcas exprimidas, pero con los mismos o más servicios de los que les corresponden. Muchos, en régimen de concesión, con todos los requisitos exigidos, en su día, por la ley. Es en este punto donde arranca la razón de ser de estos encuentros: la futura directiva europea -releva a la vigente 2002-2018- está orientada a convertir en norma que los hoy denominados servicios públicos sean considerados servicios de interés general, cuya prestación se efectúa por empresas privadas tras un proceso de licitación mucho más simple y, atención al dato, por tramitación informática obligatoria desde el 2016.

¿El proyecto de ley de sostenibilidad -¿término de amenaza?- de las administraciones locales, va en este sentido? Más claro no pudo negarlo Francisco Blanco jefe del servicio de contratación de la Generalitat: «El legislador no entiende lo que viene de Europa. Prefieren a Napoleón antes que a Bruselas. Persiste la resistencia cultural de los cuerpos jurídicos del Estado». Es el principio patrimonialista que aún ve en las concesiones una cesión de lo que compete a la Administración. Por el otro lado, desde la Cámara de Concesionarios (por abreviar), Francesc Sibina, admitió que había malos modelos de cooperación (obras y servicios inútiles), «pero hay que afrontar la conversión; la ley ha de ser una oportunidad, no una amenaza».

Una concesión tampoco puede verse como un chollo. Tiene su riesgo, como ocurre a los gestores de instalaciones deportivas de titularidad municipal, a menudo pymes que cumplen con todos los requisitos y que están amenazadas por gimnasios de bajo coste que se instalan cerca de estos centros públicos a precios reventados, según Paco Segura y Toni Brocal.

En el otro extremo, el modelo de cooperación público-privada que supone Mémora, según el director general, Eduard Vidal: una separación adecuada de servicios funerarios de gestión privada, cementerios de competencia municipal (tasas) y seguros privados constituyen un modelo de innovación.