El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha acordado retirar el pasaporte a los ex directores generales de la CAM, María Dolores Amorós, y Roberto López Abad ante el posible riesgo de fuga y les ha impuesto comparecencias quincenales en los juzgados o comisarías próximos a sus domicilios.
Según fuentes cercanas al proceso, Gómez Bermúdez ha prohibido a López Abad -considerado el "cabecilla" de la estrategia de la caja alicantina- salir del territorio español y a Amorós del territorio europeo. Para el resto de los imputados en la causa que se sigue contra la antigua cúpula de la CAM, el expresidente de la caja, Modesto Crespo; el exdirector de Recursos, Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control de la caja, Teófilo Sogorb, el juez no ha decretado ninguna medida cautelar, tal y como pedía la acusación popular.
Los cinco imputados están acusados de un delito societario, de estafa, manipulación del precio de las cosas y de apropiación indebida. Las mismas fuentes señalaron que el juez podría llamar a declarar próximamente a más personas en el marco de la causa. El juez ha adoptado las cautelares para los antiguos directores generales de la caja después de que declarase como imputado López Abad, el único que aún no lo había hecho.
A respuestas del juez y del Ministerio Fiscal, López Abad -que no ha querido responder al representante del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria)-, ha asegurado que la crisis que atravesaba la CAM era común al resto de entidades y que los problemas de la caja comenzaron a raíz del SIP, la alianza con la que la entidad se iba a unir con Cajastur y otras dos cajas.