Prejubilados sin paga

Un total de 4.700 asegurados (1.700 españoles y 3.000 belgas) están pendientes del juez. Son los afectados por la liquidación de la aseguradora belga Apra Leven. Tras más de tres años sin cobrar deberán tener más paciencia porque la Audiencia Nacional ha bloqueado la venta de inmuebles de la sociedad en Barcelona por ocho millones, con los que se les podrían pagar parte de los 100 millones que les adeudan.

Los liquidadores de Apra Leven, cuyos accionistas eran los mismos que la mutua catalana fallida Fortia Vida, entre ellos Eduard Pascual -imputado en el caso de los ERE caso de los EREen Andalucía a través de la correduría Vitalia-, llevarán la semana que viene ante el Tribunal Constitucional esta situación, explicó uno de ellos, Claude Desseille.

Aunque la deuda con los asegurados de Apra, en liquidación desde el 2011, es de 100 millones, solo se espera poder pagarles unos 60 o 65. Ello se debe a que muchos inmuebles que tiene en España y Rumanía estaban sobrevalorados. Los asegurados españoles, sobre todo de Andalucía, son titulares de pólizas de prejubilación por 50 millones; mientras que los belgas tienen seguros de vida y coberturas incluso ligadas a hipotecas por el mismo valor. En ambos casos han cobrado hasta hoy solo el 20% de lo que les corresponde. Si no prospera la vía del Constitucional, los liquidadores recurrirán al Tribunal de Justicia de la UE al entender que el bloqueo de activos es «contrario a Derecho».

La decisión de la Audiencia se produjo dentro del proceso penal contra la cúpula de Fortia Vida, liquidada en el 2009. Antes de ello, traspasaron el 40% de la cartera a Apra Leven. El juez lo interpreta como un intento de descapitalizar Fortia en favor de Apra. Los liquidadores dicen que los activos, que la firma asumió con sus obligaciones, son «inembargables» según la ley belga y la normativa europea.

El abogado de Apra en Bélgica, Jean Pierre Brusselers, destaca que la operación, con cancelación de pólizas y la firma por los titulares de otras nuevas en Apra, se produjo cuando Fortia estaba bajo el control de las autoridades españolas (Generalitat) y solo seis meses antes de entrar en liquidación.

Además de este frente, Apra exige por la vía administrativa a la Junta de Andalucía 36 millones por primas impagadas por reestructuraciones empresariales a las que ayudó y otros 14 millones al Consorcio de Compensación de Seguros, liquidador de Fortia. Así, con el embargo de bienes y 50 millones pendientes de cobrar, «los liquidadores no pueden avanzar», lamentó Desseille, junto com el otro liquidador, Dries Goyens, y el abogado de Apra en España, Bernardo del Rosal, de Clifford Chance.