¿Por qué el conflicto en el fútbol es diferente?

En las últimas semanas hemos vivido un momento convulso en el fútbol español con un anuncio de huelga de los futbolistas españoles para las dos últimas jornadas de la Liga y con un acuerdo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de suspender todas las competiciones del fútbol. Una medida cautelar de la Audiencia Nacional ha suspendido la huelga de los futbolistas españoles y la federación ha decidido dejar sin efecto la suspensión de las competiciones.

Con toda seguridad, el hecho de estar en las dos últimas jornadas de la Primera División con muchas cosas pendientes de decidir ha debido de tener mucho que ver con el desenlace. Pero cualquier analista del deporte sabe perfectamente que esto no ha acabado aquí ni mucho menos y, por esto, quizá valga la pena intentar explicar de una manera sencilla que está pasando y que hay detrás de todas estas polémicas.

Como en todo conflicto, las causas o motivos son muy variados. Desde disputas personales históricas (presidentes enfrentados) a disputas por intereses económicos de una dimensión muy considerable (basta con analizar cual es exactamente el pastel a repartir entre unos y otros: un mínimo de 800 millones de euros al año, pero que seguramente se puede acercar mucho más a los 1.200 o 1.500 en los próximos años que a esa cifra inicial). Es demasiado dinero como para que los protagonistas (deportistas, entrenadores, árbitros, clubs, Liga, federación) no luchen para llevarse la parte que entienden les corresponde, pasando por una lucha de los medios de comunicación, agencias de intermediación de derechos televisivos y de plataformas digitales para poder hacer su negocio.

Esto no presenta diferencias significativas en relación a cualquier otro conflicto social en el ámbito público. Entonces, ¿qué lo hace diferente? A mi juicio, lo que hace este conflicto totalmente diferente a los demás son las variables jurídicas que están presentes.

Primera reflexión. El acuerdo de la Audiencia Nacional adoptando la medida cautelar de suspensión de la huelga convocada por el sindicato de los jugadores no sigue, ni mucho menos, al contrario, la línea de decisión habitual de los tribunales españoles frente a las huelgas de diversos colectivos. Baste recordar la huelga de controladores aéreos en el puente de la Constitución de hace unos años, donde el Gobierno decretó una medida excepcional porque precisamente la justicia decidió no adoptar medida cautelar alguna. Pero el fútbol es el fútbol. Si es cierto que en el fútbol, o en el deporte, resulta imposible de aplicar unos servicios mínimos. ¿Se puede obligar a jugar unos partidos y otros no? Por ejemplo ¿aquellos en que de su resultado depende un elemento clave en el desarrollo del resultado final de la Liga? Seguramente debe de ser el único caso donde no se pueden decretar servicios mínimos.

Segunda reflexión. ¿Por qué el real decreto ley solo regula las competiciones del fútbol y no las de otros deportes profesionales, como el baloncesto? La respuesta es sencilla: porque es solo en el fútbol donde las partes implicadas no se han puesto de acuerdo. No deja de ser sorprendente que sean los propios agentes sociales (federación, Liga, clubs y deportistas) quienes le digan al Gobierno que son incapaces de llegar a ningún acuerdo (como sería lo elemental y lógico), que la Liga es incapaz de poner orden entre sus asociados y que la única solución es que se haga una ley. Y ¿por qué una ley y no un acuerdo inter-partes propiciado por el Gobierno? Pues porque las partes no se fían unas de las otras y temen que una solución basada en un acuerdo se incumpliría a las primeras de cambio y solo una ley les garantiza que nadie va a incumplirlo. La desconfianza entre los agentes es absoluta. Al Gobierno le plantean una amenaza de huelga si no regula lo que ellos deberían regular (no son pocos los que defienden que el Gobierno no debería haber entrado en esta materia) y cuando lo regula bajo amenaza de huelga, le plantean otra huelga por haberlo regulado. Lo cierto es que la ley ha dado la titularidad de los derechos audiovisuales a unos (clubs) y se lo ha quitado a otros (federación, Liga, árbitros, entrenadores y jugadores). Esto es el fútbol.

Y un tercer factor que lo hace diferencial. La amenaza de la FIFA a España de ser expulsada de las competiciones internacionales por injerencia del Gobierno en asuntos internos y del posicionamiento del Gobierno a defender sus prerrogativas públicas. Desde mi punto de vista, este es el nudo gordiano de la cuestión: ¿puede un país regular el fútbol sin tener en cuenta las normas del organismo internacional organizador de ese deporte a nivel mundial? Hay tantos defensores del sí como del no y hay tantos argumentos a favor del sí como del no. Hemos avanzado poco o nada desde el año 1980, cuando se aprobó en democracia la primera ley del deporte, fijando que las competiciones deportivas formaban parte del sistema público y debía aplicarse el derecho público en algunos aspectos sustanciales. Por esto, el Gobierno ha regulado la titularidad de los derechos de televisión del fútbol y su reparto.

En cambio, la otra corriente defiende que esos derechos pertenecen única y exclusivamente a las entidades deportivas privadas y que cualquier regulación por los gobiernos es una injerencia ilegítima. ¿Puede el Gobierno regular el fútbol y los derechos que del mismo se derivan dentro del Estado español? Por supuesto, sin duda alguna. ¿Puede regular la FIFA el fútbol y los derechos que del mismo se derivan? Por supuesto, sin duda alguna. ¿Entonces? El fútbol mundial regulado por la FIFA puede seguir existiendo sin la participación de España, mientras que el fútbol de España no puede seguir existiendo sin estar incluido en el fútbol mundial. Así de sencillo. Cualquier gobierno del mundo no puede obligar a la FIFA a incluir entre sus socios a un país, mientras que la FIFA sí puede excluir como ente privado que es a cualquier socio que no cumpla sus reglas.

Gustará, poco o nada, pero la realidad jurídica es la que es.