La mayoría de las defensas de los 10 miembros del consejo de administración de Spanair, imputados por el juez por un presunto delito de apropiación indebida esperan, que el caso quede archivado. Sobre todo porque, tras presentarse la querella, los miembros del consejo se hicieron cargo del importe del seguro profesional que se había dejado de pagar, base de la denuncia de los pilotos y copilotos. En ningún caso, añaden, hubo una apropiación de fondos sino un retraso en los pagos.

Aviones 8Las últimas aeronaves de Spanair en El Prat, tras la quiebra. FERRAN NADEU

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Información publicada en la página 27 de la sección de Economía de la edición impresa del día 03 de octubre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Varias fuentes próximas al consejo aseguraron ayer que se enteraron cuando presentaron la querella los trabajadores de que esa parte del sueldo de los pilotos, destinado al citado seguro, se desvió por una mala práctica administrativa a otros fines. Y añadieron que inmediatamente sufragaron a escote el importe pendiente de la póliza a Mapfre, debido a que la empresa estaba ya en proceso de concurso.

A pesar de ello, la querella por la presunta actuación ilícita siguió su curso y el juez ha citado a declarar el 30 de octubre y el 5 y el 7 de noviembre a los 10 miembros del consejo de administración: su presidente, Ferran Soriano; al consejero delegado, Michael Balint Szucs; a los consejeros Benny Zakrisson, Miquel Martí, Josep Mateu, Jordi Rafael Bagó, Josep Maria Benet, Joan Gaspart, Agustín Cordón y Manuel Albanell.

El consejo de Spanair actúa en este caso con varias defensas. Algunas siguen negociando con los pilotos y copilotos la posibilidad de llegar a un acuerdo para la retirada de la querella, explicaron a este diario fuentes conocedoras del proceso judicial. A pesar que los directivos de la empresa consideran que no han cometido delito, no se descarta llegar a un pacto para evitar que los imputados comparezcan ante el juez.

Los defensores han recurrido ante la Audiencia de Barcelona la admisión de la querella de casi 300 pilotos y copilotos, mientras que la acusación particular, ejercida por el abogado Javier Nart, ha hecho lo mismo, pero por la no aceptación de uno de los dos presuntos delitos de apropiación indebida referido al seguro médico suscrito por Spanair con Sanitas y Adeslas y que, según los querellantes, también dejaron de pagar, con un perjuicio para ellos de 359.848 euros.

258.000 euros

El juzgado que tramita el proceso centra su investigación en la presunta apropiación indebida de 258.000 euros correspondientes a las retenciones realizadas a los empleados de la aerolínea por una póliza de seguro profesional, que cubría el riesgo de la pérdida de licencia de los pilotos. Los empleados pagaban el 30% de la póliza y la compañía, el resto. La retención fijada a los trabajadores oscilaba entre los 82 y 122,5 euros al mes.