Dimite el consejero delegado del Banco Popular, Pedro Larena

Seis meses después de llegar a la entidad, Pedro Larena Landeta, hasta ahora consejero delegado de Banco Popular, ha dimitido de su cargo, ha anunciado a la Comisión Nacional del mercado de Valores (CNMV). Esta marcha se produce el mismo día en el que el banco ha informado que ajustará sus resultados del 2016 tras detectar un desfase de más de 630 millones de euros. Ambas circunstancias han tenido un efecto demoledor en la cotización bursátil de la entidad financiera, que ha perdido más del 10% de su valor, hasta los 0,81 euros por título.

Larena fue fichado en julio del pasado año por el equipo liderado aún por Ángel Ron, cuyas cuentas sufrirán los ajustes detallados, si bien su incorporación se hizo en el último tramo del año. Larena llegó, procedente de Deutsche Bank, en sustitución del cesado Francisco Gómez, pocos meses antes del fichaje del vicepresidente mundial de JP Morgan, Emilio Saracho, para presidir la entidad.

Estos cambios coinciden con el proceso iniciado por el recientemente nombrado presidente del banco, Emilio Saracho, que se propone limpiar los activos deteriorados del banco y buscar una solución de futuro para la entidad. Saracho además ha incorporado recientemente al exfinanciero de Telefónica Miguel Escrig como 'controller' o número dos de facto del nuevo presidente.

REVISIÓN DE CUENTAS

La entidad no reformulará las cuentas del 2016 pero incluirá las correcciones que sean oportunas de forma retroactiva en los estados financieros del primer semestre tras una auditoría interna de la cartera de crédito y de la ampliación de capital, según ha informado también este lunes. No obstante, el banco presidido por Saracho ha asegurado que las desviaciones detectadas en cuatro aspectos puntuales de sus cuentas "en ningún caso" representan un impacto "significativo" en los datos del 2016.

En concreto, el auditor observa "insuficiencia" en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, que afectarían a los resultados del 2016, y por ello, al patrimonio neto, por un importe de 123 millones de euros. A ello se suma una "posible insuficiencia" de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a estos créditos que, estimada estadísticamente, ascendería, aproximadamente, a 160 millones de euros.

La auditoría ha detectado la "posible obligación" de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente, 145 millones de euros, lo que podría tener un impacto, aún no cuantificado, en las provisiones correspondientes a esas operaciones. Además, existen, según la auditoría, determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo del 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable.

REFORMULACIÓN

La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, y es el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros. "Estos son ajustes que no suponen ningún incumplimiento y, en ningún caso, representan un impacto significativo en las cuentas anuales de la entidad que justifiquen una reformulación, tal y como ha confirmado el auditor PwC y que proceden de los trabajos rutinarios del departamento de auditoría interna", ha señalado el banco.

La entidad ha asegurado que, si se consideran todos los efectos detectados hasta este momento por la auditoría interna en el cálculo de capital, cumple con los requerimientos mínimos de capital regulatorio, tanto a cierre del ejercicio como a 1 de enero del 2017, fecha en la que se produjo un incremento de la exigencia de ratios.

El banco estima que también cumple con la ratio de capital regulatorio a cierre de marzo del 2017. Se prevé que la ratio de capital total a 31 de marzo se sitúe entre el 11,70% y el 11,85%, siendo el requerimiento aplicable al grupo, por todos los conceptos, del 11,375%. No obstante, este nivel es inferior a la ratio de capital total del banco del 13,14% del cierre de 2016.