Rodrigo Rato regresó a la política española por la vía de la recolocación. Así lo hizo saber en el verano del 2009 en los tres círculos del poder entre los que se manejaba desde su regreso de Washington, donde incumplió el contrato de director gerente del FMI, que debía ser de seis años y fue de tres. El exministro más poderoso de José María Aznar, tras Francisco Álvarez-Cascos, se fijó en la presidencia de la Caja de Madrid, entonces la cuarta entidad española, y procuró que se enteraran los suyos -esparcidos por varias administraciones-, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Gran desafío: Aguirre, la liberal, tenía pensado colocar en la entidad a su mano derecha, Ignacio González. Y Rajoy, candidato aún en cuestión por aquel tiempo, se atrevió con la jugada doble: recortar el poder de Aguirre y apartar a Rato de veleidades sucesorias a corto plazo.
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Rato, ya acomodado desde su regreso en octubre del 2007 en los clanes político-financieros con canongías en La Caixa (Criteria, embrión de Caixabank, que casi pudo presidir), Santander y el banco de negocios Lazard, no quería ser empleado de nadie. Un político con tanto poder que incluso se doctoró sobre sí mismo en el 2003, con una tesis sobre su etapa de vicepresidente dirigida por el catedrático de la Complutense (hoy consejero del Banco de España) Ángel Luis López Roa, quería ser banquero de tú a tú.
El desgaste político para su elección fue tremendo: PP, PSOE, IU, sindicatos, se aliaron y enfrentaron por el control de la Caja de Madrid presidida por Miguel Blesa. Poco importaba entonces que la entidad madrileña fuera prestadora de la inmobiliaria Martinsa, protagonista de una de las mayores quiebras de la historia. Curiosamente, hubo un tercer candidato a presidir la caja, además de Rato y González: el hoy ministro Luis de Guindos, que gustaba en la Moncloa por mantenerse en segundo plano político.
Rato se mantuvo como un político del PP que no dejó de ejercer («es mi derecho político», respondió cuando le inquirieron por su participación en mítines). Estuvo también en la convención del PP en Málaga (aquella en que Rajoy dijo en público un escueto «Gracias, Rodrigo» antes de saludar también a Aznar y Manuel Fraga) en la que se redactó el programa electoral, con este párrafo debidamente camuflado: «Facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado de las entidades financieras que lo precisen». La frase (que hoy equivaldría al banco malo) sirvió para que la operación de Bankia se interpretara como una solución política. Pero en el peor sentido: retrasar decisiones de Gobierno en plena convulsión financiera.
Con las vacilaciones del Gobierno Zapatero y de los rectores del Banco de España, Bankia quedó como asignatura para el nuevo Gobierno. Y sin disimulo: las crónicas electorales que siguieron al triunfo de Rajoy a partir del 20-N no dejaban de subrayar que uno de los primeros atendido en privado fue Rato. ¿Política o finanzas? ¿Proponer ministros o pedir trato especial para unas cuentas difíciles de presentar, debidamente auditadas?
Pues al final, nada de política y mucho de finanzas: Guindos, el que hace política desde el cargo que tuvo Rato, ha dejado claro que se hace la política que conviene a otro tipo de poderes financieros.