Política con miras al sustento social

En un entorno aún débil e incierto, los ayuntamientos deberían centrar sus esfuerzos en intentar minimizar las desigualdades sociales, estableciendo políticas de cohesión social y dando respuestas a aquellos colectivos que tienen mayores dificultades. Sabi

Política con miras al sustento social_MEDIA_1

Política con miras al sustento social_MEDIA_1

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La teoría de política económica básica nos demuestra que en la medida en que los centros de decisión se encuentran a un nivel más próximo a los ciudadanos, las decisiones suelen responder con mayor eficacia a las preferencias de los vecinos de la zona o región, si bien pudiendo sacrificar la eficiencia económica a nivel global. Partiendo de esta premisa, relativamente teórica, los ayuntamientos y entes locales deberían responder con mayor efectividad a las preferencias de los ciudadanos que votan a sus dirigentes, mientras que es posible que las decisiones que se tomen no cumplan con un criterio de eficiencia desde una perspectiva más amplia de centros de decisión, en nuestro caso a nivel comarcal, autonómico o nacional.

Un intento de solucionar estos problemas de eficiencia ha sido la creación de centros de decisión que agruparan a más de un núcleo de población, como los consejos comarcales o diputaciones. No obstante, las mejoras en este sentido han sido muy limitadas.

En este sentido, se puede acusar con cierto grado de acierto que muchas de las decisiones de los ayuntamientos durante la etapa anterior de expansión económica no respetaban criterios racionales de eficiencia económica. Esto, por ejemplo, se observa analizando la construcción de pabellones municipales o piscinas en todos los municipios de más de 3.000 habitantes, bibliotecas, teatros o centros de ocio que en muchos casos superaban las necesidades de los conciudadanos o bien en algunos otros casos, los costes de mantenimiento han resultado a posteriori insostenibles. Por el contrario, estas decisiones fueron financiadas en mayor medida a través de transferencias del resto de administraciones públicas, dada la escasa capacidad de los ayuntamientos de generar recursos propios, a la vez que tenían -y tienen-  una capacidad muy limitada de financiarse en el mercado, principalmente a través de préstamos bancarios. Es por esto que el volumen de deuda acumulada en su conjunto ha sido relativamente bajo, especialmente si se compara con el resto de administraciones públicas.

Con todo, en la actualidad nos encontramos con unos ayuntamientos relativamente bien dotados de instalaciones municipales, con un equilibrio presupuestario, que en muchos casos observa un ligero superávit, gracias en parte al incremento de los impuestos municipales durante la crisis, y un volumen de deuda acumulada asumible. Según datos del Banco de España la deuda de las Administraciones locales es del 3,6% del PIB nacional, y el 2014 se cerró con superávit, lo que permitió reducir la deuda acumulada en cerca de 4.000 millones de euros.

Ahora bien, si analizamos detalladamente el presupuesto de gasto de los ayuntamientos, con datos del 2014 respecto al 2010, se observa como se ha reducido el gasto en cerca del 25%, una caída generalizada por segmentos, a excepción de los gastos de deuda que se han prácticamente duplicado en el periodo, pasando del 5,7% en el presupuesto del 2010 hasta el 10,9% en el 2014, según datos del Ministerio de Hacienda. La caída más relevante ha sido la de la partida de actuaciones económicas, que ha pasado de un presupuesto de más de 4.000 millones de euros en el 2010 a una cifra que ronda los 2.500 millones en el 2014. Analizando en su conjunto el presupuesto se podría deducir que el 70% del gasto corresponde a servicios básicos y salarios del personal, principalmente funcionarios, por lo que eliminando el 10,7% de pago de deuda, el margen de maniobra para establecer políticas municipales recae solo el 20% del presupuesto restante, que se reparte de manera equilibrada en partidas como educación, cultura o deporte.

En suma, desde mi punto de vista, la capacidad de influir de los ayuntamientos sobre la evolución económica del país es muy limitada, ya que tienen un volumen presupuestario muy ajustado, en su conjunto no supera el 4%, y cerca del 80% del mismo está prácticamente comprometido en servicios básicos y obligaciones del ente. Al mismo tiempo, la extremada segmentación de las decisiones por municipios dificulta en mayor medida las políticas o actuaciones a nivel agregado.

Mayor equidad

Esto no quiere decir que las decisiones que se tomen a nivel municipal carezcan de importancia económica, nada más lejos de la realidad. Bajo mi modo de ver, y en un entorno, como ya he explicado, en el que los servicios básicos e instalaciones están sobredotados en la mayor parte de municipio, las decisiones económicas en los ayuntamientos deberían estar enfocadas a cubrir las necesidades más relevantes de sus conciudadanos, buscando una mayor equidad, y sacrificando eficiencia que, como hemos visto, no se ha respetado anteriormente.

En suma, en un entorno aún débil y con un grado elevado de incertidumbre, y que en muchos casos, la recuperación económica ha provocado una mayor diferenciación entre clases sociales, las políticas económicas de los ayuntamientos, dado que son los entes que tienen una mayor sensibilidad respecto a las preferencias y necesidades de sus conciudadanos, deberían focalizar sus esfuerzos en intentar minimizar las desigualdades sociales, estableciendo políticas de cohesión social y dando respuestas a aquellos colectivos que tienen mayores dificultades.