El plan Pive y otras subvenciones fuerzan a muchos contribuyentes a declarar

El dinero público recibido para cambiar el coche se suma al total de los ingresos y eleva la factura tributaria

Concesionario de Kia en Barcelona con publicidad de una campaña comercial relacionada con el Pive.

Concesionario de Kia en Barcelona con publicidad de una campaña comercial relacionada con el Pive. / periodico

AGUSTÍ SALA / BARCELONA

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La subvención del plan Pive para renovar el vehículo, que antes era de 2.000 euros y luego se rebajó a 1.500, puede salir caro a nivel fiscal a los contribuyentes. De hecho, muchos de ellos que no estaban obligados a presentar la declaración de la renta se han visto forzados a hacerlo.

Y es que esta cantidad se suma al resto de los ingresos y, al tratarse de un segundo pagador (el Estado), baja el listón a partir del que hay que presentar la declaración, de los 22.000 euros anuales a 11.200.

Lo mismo sucede con otras subvenciones que elevan la base imponible general y, por tanto, el resultado del impuesto de la renta.

En otros casos los contribuyentes se han encontrado con que les ha llegado una declaración paralela propuesta por la Agencia Tributaria en la que, o bien se ve reducida la devolución a la que tuvo derecho o esta se convierte en el pago de una cuota por el IRPF.

SIN RETENCIÓN

Josep Maria Noguera, responsable del servicio de estudios de la Associació Professional de Técnics Tributaris de Catalunya y Balears (APTTCB) explica que el efecto de estas subvenciones es así porque no están sujetas a retención como, por ejemplo los salarios y otras rentas.

Con respecto a estas ayudas, la Agencia Tributaria afirma que están sujetas a tributación "aunque se hayan instrumentado como un descuento" cuando se adquirió el vehículo nuevo. De los 1.500 euros totales, queda exenta la mitad, la que aporta el concesionario que vende el vehículo; mientras que los otros 750 euros que aportaron las arcas públicas deben tributar.

Los técnicos de Hacienda, agrupados en Gestha, ponen algunos ejemplos. Un contribuyente con rentas entre los 20.200 y 34.000 euros brutos anuales debió tributar en la renta 2015, un total de 232,50 euros, mientras que si supera los 60.000 euros son unos 352,50 euros.