PIMEC afirma que la ley de contratos del sector público vuelve a discriminar a las pymes

La que tenía que ser la legislación más favorable a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su relación con las administraciones, la ley de contratos del sector público, al final o deja las cosas como estaban o incluso perjudica a estas compañías. Esta es al menos la percepción de la patronal catalana PIMEC que, junto a la Plataforma contra la Morosidad y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC), están promoviendo enmiendas al texto legal que ha enviado a los grupos parlamentarios. La propuesta cuenta con además con el apoyo de más de 100 asociaciones, que representan más de un millón y medio de empresas, según fuentes de PIMEC.

Las tres entidades denuncian que el texto presentado es ambiguo y contradictorio, y no facilita el acceso de las pymes a la contratación pública. Añaden que el proyecto de ley deja "una vez más a las pymes en condiciones de desventaja, en contra de lo que establecen las directivas europeas". 

PIMEC, la PMcM y la CEAC recuerdan que la contratación pública supone casi el 20% del producto interior bruto (PIB) por lo que tener oi no acceso a ello es vital para todo tipo de empresas. En este contexto, coinciden en señalar que, pese a que el espíritu del proyecto de ley va a favor de las pymes, "su redactado queda muy lejos de esa realidad y, por lo tanto, una vez más se incumplen palabras y promesas a favor de las pymes".

En este sentido, aseguran que el proyecto "no apuesta decididamente por la división en lotes", tal y como establece la directiva europea y que permitiría un mejor acceso de las pymes a los contratos públicos, ya que no se exigirían una garantías tan fuertes como si se tratase de una gran obra en su conjunto. En este sentido se quejan de que texto normativo "ofrece motivaciones suficiente amplias al órgano de contratación para no dividir el contrato en lotes".

Otra queja hace referencia a la morosidad. Mientras que los anuncios previos del Gobierno apuntaban a que no se permitiría acceder a contratos públicos a empresas morosas, PIMEC asevera que la norma incluso "permite legalmente la ampliación de los plazos de pago establecidos previamente, tanto por la legislación española como por las directivas comunitarias". Además, abre de nuevo el pacto entre las partes a la hora de establecer los mecanismos de pago en las subcontrataciones, lo que a la práctica es una baza más a favor de las grandes empresas respecto a las pequeñas. 

Este proyecto de ley se tramita con carácter de urgencia para cumplir las imposiciones de la Comisión Europea a España para que transponga las directivas europeas sobre estos temas.