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AMENAZA DE PRISIÓN PARA UN EXVICEPRESIDENTE SOCIALISTA

La fiscalía pide 4 años de cárcel para Narcís Serra y Adolf Todó por los sobresueldos de CatalunyaCaixa

Un total de 41 directivos de la antigua caja de ahorros están acusados de administración desleal por la aprobación de unos acuerdos bajo sospecha

La fiscalía pide 4 años de cárcel para Narcís Serra y Adolf Todó por los sobresueldos de CatalunyaCaixa

ARCHIVO / PEPE ENCINAS

Narcís Serra (izquierda), presidente de Catalunya Caixa, y Adolf Todó, director general, en una imagen del 2009.

Lunes, 20 de marzo del 2017 - 12:04 CET

La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel para el expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra y para el exdirector general Adolf Todó, por el aumento de sueldo a dos altos cargos de la entidad cuando ya estaba en situación crítica. La acusación pública imputa a ambos el delito de administración desleal. La petición se dirige también contra otras 39 personas, miembros del consejo de administración. De ellos, a un total de 17 consejeros se les reclama cuatro años de prisión por haber tomado dos veces esta medida, y a 24, dos años, por una única ocasión. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide que los acusados paguen 2,56 millones de euros más intereses al FROB.

La Audiencia de Barcelona deberá ahora fijar fecha para el juicio. Serra, exvicepresidente del Gobierno con Felipe González y exministro de Defensa, y el resto de directivos están acusados por la aprobación en enero y octubre del 2010 de resoluciones que incrementaron el salario de dos ejecutivos: Todó, director general. y Jaume Massana, director general adjunto.

El primero de los acuerdos se aprobó el 19 de enero del 2010 y consistía en aumentar el salario fijo y el variable anual de Todó del 35% al 50% y el de Massana del 35 al 45%. Por este apartado están acusados 17 directivos, entre ellos Serra y Todó. El 13 de octubre de ese mismo año, el consejo de administración aprobó otra subida de las retribuciones de los miembros del comité de dirección para el 2011. Todó pasó a cobrar de 800.481 euros a 812.501 y Massana de 598.428 a 610.201 euros. Por este acuerdo están acusados 41 exdirectivos, entre ellos Serra. El fiscal acusa a 17 ejecutivos de dos delitos de administración desleal (votaron en enero y octubre) y al resto solo de un delito. Antes de la aprobación del último incremento de sueldos, Caixa Catalunya se había fusionado con la de Tarragona y la de Manresa (mayo del 2010). El FROB suscribió participaciones de la caja por 1.250 millones de euros el 28 de julio del 2010, meses antes del segundo aumento de sueldo. Al año siguiente, EL FROB invirtió otros 1.718 millones y en el 2012, 9.084 millones.

El fiscal considera que alza de las retribuciones no era acorde a la situación real de la entidad. Entre el 2007 y el 2009 los beneficios de CatalunyaCaixa se habían reducido considerablemente y en el año 2010 hubo un expediente de regulación de empleo que afectó a 1.600 personas. Pese a la difícil situación económica general, del sistema financiero y, en especial de CatalunyaCaixa, los sueldos de Todó y Massana "no dejaron de subir" durante el 2009, el 2010 y el 2011.

CLÁUSULAS DACRONIANAS

Entre otras decisiones controvertidas, se pagó a Todó una retribución fija anual de 600.000 euros --que luego incluso se aumentó-- a lo que había que sumar una retribución variable del 35% del total, condicionada al cumplimiento de objetivos. Se estableció para él una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 "una renta vitalicia" del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores. Otra cláusula establecía que, en caso de morir, su hija podría recibir una pensión vitalicia por el 50% de la retribución cobrada por Todó los últimos 12 meses. En total, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre el 2008 y el 2012 --sumando las retribuciones fijas y las variables-- a lo que hay que añadir aportaciones al plan de pensiones.

En el caso de Massana, se establecieron las mismas cláusulas de prejubilación que a Todó y se le fijó un sueldo anual de 371.000 euros en su primer año con una retribución variable del 35% por la consecución de objetivos. Massana cobró entre el 2008 y el 2012 un total de 2.895.922 euros (entre retribuciones fijas y variables) a lo que, como en el caso de Todó, también hay que añadir lo que se aportaba al plan de pensiones.

A Serra, además de "elevados emolumentos en concepto de dietas" por presidir las comisiones y el consejo de administración --que oscilaron entre 24.801 y 135.707 euros al año--, a partir del 2007 se le asignó un sueldo de 175.000 euros anuales. La fiscalía también alude a "las escandalosas y millonarias indemnizaciones" percibidas por otros miembros del consejo.

La defensa alega que no hubo perjuicio económico y que Serra solo era presidente honorífico

Los abogados de Narcís Serra, exprimer secretario del PSC, y Adolf Todó, Jesús Silva y Pablo Molins, consideran que la aprobación por parte del consejo de administración de los sobresueldos no causó "directamente un perjuicio económico evaluable a sus socios", tal y como exige el artículo del Código Penal que recoge el delito de administración desleal. El primer aumento de las retribuciones, a su entender, "ni siquiera llegó a hacerse efectivo" en el caso de Todó y el segundo "únicamente" representó para él un incremento de 12.000 euros anuales.

Los letrados argumentan que Serra, además, era presidente no ejecutivo de la caja, es decir honorífico, y su remuneración era la adecuada a derecho. Su salario, que no se encuentra cuestionado en el proceso judicial, se estableció en la "banda baja de la horquilla de mercado", según la defensa, y fue aprobado "conforme a la legislación sectorial". Y, a su entender, se siguieron los procedimientos de transparencia interna y externa.

Los abogados señalan que los incrementos salariales de Todó "no solo se adecuaban a la remuneración media del sector, sino que, de hecho, quedaban sensiblemente por debajo de la misma". Y que la obtención de remuneraciones variables se "condicionaba a la obtención de objetivos crecientes cuantitativos, en la línea de la normativa y los criterios internacionales sobre la materia". Según los letrados, la política de transparencia fue "exhaustiva".

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