Petición de 16 años de cárcel para cada uno de los seis hijos de Ruiz Mateos por el 'caso Nueva Rumasa'

La Fiscalía Anticorrupción solicitado una pena de 16 años de prisión para cada uno de los seis de los hijos del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, fallecido en junio del 2015, por la estafa piramidal cometida con la venta de pagarés de Nueva Rumasa. Con 13 emisiones sucesivas del grupo empresarial captaron más de 337 millones de euros de un total de 4.100 inversores. De ellos, 289 millones nunca fueron devueltos y se declararon en el concurso de acreedores de las sociedades que figuraban como avalistas de las garantías.

Según el escrito de acusación dado a conocer este martes, entre 2009 y 2011, los acusados, junto con su padre, idearon un sistema de financiación del Grupo Nueva Rumasa de naturaleza piramidal, que consistía en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por sociedades del grupo. La inversión, que se publicitaba de "segura", era por un mínimo de 50.000 euro

{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":null,"text":null}}

Los administradores concursales han cifrado en 171 las empresas que formaban parte del entramado. Muchas eran sólo pantalla y estaban radicadas en Belice, Panamá y Holanda. Las productivas se dedicaban fundamentalmente a los sectores vinícolas, hoteleros y de alimentación. El entramado operaba con nada menos que 4.067 cuentas abiertas en 117 entidades bancarias.

EMISIONES SUCESIVAS

Según el fiscal, las inversiones se publicitaban en los medios de comunicación con un gran despliegue de información visual, ocultando siempre la verdadera situación económica del grupo empresarial, que era ya incapaz de hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones. Según el fiscal, en 2009 la deuda que tenía contraída el grupo ascendía a 577 millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a la actividad regular de las empresas de la trama. Para ocultarlo, recurrían a empresas pantalla que facturaban por operaciones inexistentes.

En realidad, la mayor parte de los fondos captados del público en todo el territorio nacional fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría, en Madrid, de la que los acusados disponían en función de las necesidades del hólding empresarial y cubrían también los "cuantiosos gastos de índole personal del clan familiar".

De hecho, del total de los 337 millones de euros captados a más de 4.100 personas en apenas tres años, se desconoce el destino de, al menos, 82 millones que los acusados retiraron en efectivo de las cuentas bancarias.

DELITOS Y ACUSADOS

La acusación atribuye los delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes a los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz Mateos Rivero. También están acusados otros miembros de la familia, como Zoilo Pazos Jiménez y Alfonso Barón Rivero, y trabajadores y colaboradores del Grupo Nueva Rumasa entre los que se encuentran Manuel Sánchez Marín, con despacho profesional en Madrid, y José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa y Ricardo Álvarez Castaño, estos últimos, miembros destacados de la organización en Jerez de la Frontera (Cádiz). A las siete hijas de Ruiz-Mateos, el fiscal las considera partícipes a título lucrativo de los delitos cometidos por los varones de la familia, sus hermanos y sus esposos.

La acusación también acusa de alzamiento de bienes al empresario Ángel de Cabo, que ha sido liquidador de multitud de sociedades, y sus colaboradores, Fernando Juan Lavernia e Iván Manuel Losada, por la compra de las sociedades del Grupo Nueva Rumasa, con el objetivo de controlar los concursos de acreedores de las sociedades emisoras y salvaguardar en lo posible el patrimonio personal de la familia Ruiz-Mateos.