La patronal Seopan insiste en salida negociada para las autopistas en quiebra

La patronal Seopan, que agrupa a las concesionarias de autopistas volvió a insistir este jueves en la necesidad de encontrar soluciones negociadas a la quiebra de las vías de pago. Las últimas sentencias abonan la posibilidad de que el Ministerio de Fomento no tenga que rescatar y quedarse con las ocho autopistas en quiebra, o al menos no con todas ellas, en contra de los planes iniciales, que incluso le obligaban a asumir las tres primeras vías antes del próximo mes de julio.

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la liquidación dictada sobre la autopista de Circunvalación de Alicante, una de las que Fomento tenía que rescatar antes de julio. Se prevé que lo mismo pueda ocurrir con las otras dos vías que Fomento debería rescatar en verano, las radiales de Madrid R-3 y R-5, que están pendientes de un "inminente" fallo similar de la Audiencia de Madrid, según fuentes jurídicas.

Esta instancia judicial se pronuncia de esta forma ante los recursos que presentó la sociedad concesionaria de las autopistas en contra de la liquidación dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, el que dio a Fomento hasta julio para asumir las vías, un plazo que ahora queda en el aire.

Además de los fallos judiciales, el Gobierno ha descartado el plan de rescate que en el 2014 diseñó para las ocho autopistas en quiebra, el que contemplaba asumir las vías integrándolas en una sociedad pública. Este plan ha quedado invalidado por los problemas que impone el objetivo de déficit.

DÉFICIT PÚBLICO

El Departamento que dirige Íñigo de la Serna podrá eludir quedarse con las vías gracias, por un lado, a fallos de los tribunales y, por otro, al hecho de que ha quedado descartado el proyecto de nueva sociedad pública de autopistas por problemas de déficit. El Gobierno ha descartado el plan de rescate que en el 2014 diseñó para las ocho autopistas en quiebra, en el que contemplaba asumir las vías integrándolas en una sociedad pública. Este plan ha quedado invalidado por los problemas de encaje que presentaba con el objetivo de déficit

Seopan, asociación que engloba a las mayores constructoras y concesionarias de España, ha abogado por dar soluciones "individualizadas" a cada una de las ocho raciales para evitar que vayan a la liquidación y que los ciudadanos tengan que pagar el coste, que el Gobierno calcula en unos 3.000 millones de euros y la patronal lo eleva a los 5.000.

AUTOPISTAS

Las concesiones de autopistas en concurso y que podría asumir el Estado en caso de quiebra son la Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda (AP36), Cartagena-Vera y M-12 Eje Aeropuerto, así como las radiales madrileñas R-2, R-3 y R-5. La M-12, la AP36 y la R3/R5 ya están en liquidación, aunque con la última de ellas está pendiente de dictarse una sentencia que la deje sin efecto, como ya ocurrió en el caso de Ciralsa (Circunvalación de Alicante), cuya liquidación fue rechazada recientemente por la Audiencia de Madrid.

Según Núñez, al menos dos de las vías, entre ellas la R-2, podrían evitar su liquidación si el Ministerio de Fomento se adhiriera al convenio que han acordado sus accionistas, incluidos los fondos "buitres" que entraron ellas a precios "de derribo".

CUESTIÓN DE COSTES

En otros casos, la solución pasaría por la recompra de la deuda por parte de Fomento, que con una reestructuración de la deuda financiera (en un 80% en manos de fondos) a un valor inferior al nominal evitaría la cláusula de disolución y la liquidación.

Seopan ha lamentado que ahora este tema no sea prioritario para Fomento, que desde febrero se ha centrado en la crisis con los estibadores, al tiempo que ha urgido al ministro a retomarlo lo antes posible para darle una solución. Ha insistido en que el Estado está obligado por ley a pagar a las concesionarias por las inversiones acometidas y ha recordado que este problema se arrastra desde 2004 por un incremento de los costes de expropiación en casi 2.000 millones, de la inversión inicialmente prevista en otros 1.000 y la caída de los tráficos por la crisis, entre otros motivos.

"Lo que nos preocupa es que las ocho vayan a liquidación", ha subrayado el presidente de Seopan, Julián Núñez, quien ha insistido en que el coste de esa liquidación recaería sobre los ciudadanos.

Según las cifras que maneja Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) -inversión pendiente de amortizar- ascendía a 4.032 millones de euros; a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones.

"Si no se encuentra una alternativa el contribuyente tendrá que asumir el pago de casi 5.0000 millones de euros de acuerdo a lo que recoge la ley", ha advertido Núñez, quien ha asegurado que el Gobierno tiene un papel fundamental en la búsqueda de una solución.