El Parlament aprobó ayer, con la abstención de CiU, reclamar al Govern que abra expediente a todos los bancos y cajas que han comercializado participaciones preferentes, un producto financiero con el que unos 300.000 consumidores catalanes se han visto afectados y han perdido los ahorros invertidos.

Albert Rivera.

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Información publicada en la página 25 de la sección de Economía de la edición impresa del día 11 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El pleno de la Cámara, con presencia de miembros de la plataforma de afectados, aprobó también

-por unanimidad- la reprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) «por la omisión de sus deberes de supervisión» y de las entidades que han comercializado estos productos. También se acordó que la Agència Catalana del Consum -criticada por su pasividad por varios grupos parlamentarios- incoe expedientes sancionadores a las entidades denunciadas.

Todos los grupos mostraron su solidaridad con los afectados y criticaron este tipo de servicios bancarios. Sin embargo, CiU y el PP evitaron que prosperase una parte del texto de Ciutadans que reclamaba al Govern, a partir de una revisión exhaustiva, «a dejar sin efectos legales estos productos en caso de que no fueran adecuados al perfil de conocimiento en productos financieros de las personas contratantes». La diputada de CiU Montserrat Ribera, argumentó que «la Generalitat no puede dejar sin efectos un contrato privado, lo han de hacer los tribunales». Al final de la sesión, una afectada que asistió al pleno gritó «¡por favor, ayudadnos, nos engañaron!», y rompió a llorar víctima de un ataque de ansiedad.

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, argumentó que el fondo del debate consiste en que «el poder político regule al financiero y no al revés».