ESCÁNDALOS FINANCIEROS

El Parlament llevará las conclusiones de la comisión de cajas a la fiscalía

Las propuestas pactadas por CiU i ERC consideran que pudo haber "estafa" en la comercialización de preferentes y subordinadas

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS / Barcelona

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La comisión de cajas del Parlament de Catalunya ha aprobado hoy, tras más de un año de trabajos y después de que algún procesos judicial contra directivos de cajas hayan sido visto para sentencia, remitir al Ministerio Fiscal la información obtenida por la comisión, “ya sea documental o fruto de las comparecencias”, para que este organismo incorpore la información a los procesos judiciales abiertos en relación a la gestión de las entidades financieras y en casos de posible vulneración de los derechos de los consumidores.

La comisión ha aprobado las propuestas formuladas por CiU y ERC –que suman mayoría parlamentaria—y ha aceptado algunas de las propuestas formuladas por los grupos del PSCPP e ICV. Pero han sido rechazadas las formuladas por Ciutadans y el Grup Mixt. Las conclusiones aprobadas hoy será elevadas al pleno del Parlament la próxima semana, donde previsiblemente serán aprobadas definitivamente.

El resultado de los trabajos de la comisión de investigación sobre les posibles responsabilidades derivadas de la actuación y la gestión de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores – así se denomina—centra la responsabilidad de la desaparición de las cajas de ahorros catalana y los perjuicios causados a los usuarios del sector financiero en los gestores de esas entidades y en los órganos del Estados, desde el propio Gobierno al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La comisión es algo más indulgente con el Govern de la Generalitat del que señala que “las autoridades de la Generalitat realizaron una labor de control del sistema financiero de Catalunya en térmios ajustados a sus limitadas competencias”.

Participaciones preferentes

Entre las recomendaciones de las conclusiones aprobadas se incluye la apertura de un nuevo proceso de aceptación de procesos de arbitraje para incorporar los casosde los afectados por participaciones preferentes y otros productos financieros similares por una valor igual o inferior a los 6.000 euros. Sobre la comercialización de productos híbridos de capital, las concusiones destacan que "podrían cumplir los requisitos de aquello que puede ser considerado como una estafa." En este sentido propone la creación de diferentes mecanismos de control para evitar que se repitan casos similares.

Entre las propuestas aceptadas de los otros grupos, destaca la planteada por ICV de reprobación de los políticos que no hicieron acto de presencia en la comisión, pese a haber sido requeridos a ello: el ministro de Economía, Luis de Guindos; los exministros Elena Salgado Pedro Solbes; los exsecretarios de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre y José Manuel Campa, así como los responsables del Banco de España Luis María LindeMiguel Ángel Fernández Ordóñez Jaime Caruana.