La crisis de la zona euro
La UE pacta las reglas para sanear los bancos en las futuras crisis
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) alcanzaron esta madrugada un acuerdo político sobre la nueva directiva de resolución de crisis bancarias, tras el fracaso de la anterior negociación maratoniana el pasado sábado. La nueva normativa es clave para reforzar la solidez del sistema bancario europeo e impedir que los errores de los banqueros vuelvan a pagarlos los ciudadanos mediante inyecciones de fondos públicos y recortes sociales.
La nueva directiva europea refuerza los poderes de los supervisores para intervenir preventivamente un banco mal gestionado, establece que el saneamiento de la entidad deben costearlo los accionistas e inversores y restringe el recurso a la recapitalización directa por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad.
La directiva fija con claridad el orden en qué debe producirse la contribución de accionistas e inversores para sanear un banco en crisis: primero, los accionistas; segundo, los titulares de preferentes y deuda subordinada; tercero, los titulares de bonos; y cuarto, si aún hicieran falta más fondos en casos extremos, los depósitos de más de 100.000 euros.
TRATO ESPECIAL DEPÓSITOS / En el caso de los depósitos de más de 100.000 euros, se pactó que los particulares y las pequeñas y medianas empresas (pymes) tendrán preferencia sobre los inversores y grandes empresas, por lo que sólo se les exigiría sacrificios en ultimísimo lugar. Los depósitos de hasta 100.000 euros estarán totalmente garantizados y protegidos en cualquier caso.
La principal discrepancia entre los Veintisiete en la recta final de las negociaciones fue el grado de autonomía de cada país para aplicar con flexibilidad la regla general de que los bancos en apuros deberán sanearse sin ayudas públicas a costa de los accionistas, los bonos y los depósitos de más de 100.000 euros.
Francia encabezaba el grupo de países que reclamaba disponer de un amplio margen de flexibilidad para decidir en qué momento puede intervenir el Estado para nacionalizar el banco, usar el fondo de garantía del sector o evitar sacrificios a los depósitos de más de 100.000 euros.
El compromiso final establece que un país sólo podrá actuar con flexibilidad cuando tenga una autorización previa europea o cuando ya hayan contribuido al saneamiento del banco como mínimo el 8% de todos sus pasivos (acciones, bonos y depósitos). El uso de esa flexibilidad además sólo permitirá exonerar de sacrificios a un máximo del 5% del total de pasivos.
Alemania y sus aliados impusieron que el coste de esa flexibilidad deberá financiarse con fondos nacionales (del sector o públicos) y que sólo cuando un país tuviera dificultades podrá recurrirse a una ayuda europea con la garantía del Estado, como en el caso español. La recapitalización directa a través del fondo de rescate europeo queda como último recurso.
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